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REFORMA
DEL MERCADO DE GANADOS
Affaire BOCSA
08/08/2009
El día 9 de mayo de 2003, la empresa BOCSA presenta un escrito en el
Ayuntamiento de Villablino en cuyo apartado CUARTO reza lo
siguiente: " Que ante la inactividad de esta Administración
Pública y su pasividad en el cumplimiento de las prestaciones concretas
a que viene obligada en virtud de sus contratos, de conformidad con lo
establecido en el art. 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta parte se
ve obligada a formular reclamación para que en el plazo de tres meses, a
contar desde la fecha de este escrito, se proceda al cumplimiento de la
obligación en los términos antes mencionados, quedando en otro caso
expedita la vía Contencioso-Administrativa contra la inactividad de ésta
Administración Pública"
El Ayuntamiento, una vez más, hará prueba de una temeraria
irresponsabilidad ignorando dicho escrito, dejando de ese modo,
expedita la vía Contencioso-Administrativa. La
empresa BOCSA cumplirá su amenaza y el asunto acabará en los Tribunales
de Justicia y el Ayuntamiento condenado, añadiendo así nuevos y costosos
gastos para las arcas municipales.
Una de las obras a las que se refiere el
escrito de reclamación de la empresa BOCSA es la "Reforma y
Ampliación del Mercado de Ganados , 3ª fase". Una obra que desde su
inicio está plagada de irregularidades y sobre la cual caben todas las
sospechas que uno se pueda imaginar. Incluida de la corrupción. Tanto en
la etapa de Murias como en la anterior.
Esta 3ª fase en cuestión asciende
inicialmente a la cantidad de 118.558.455 Ptas. y el contrato de
adjudicación se suscribe el 10 de junio de 1998. Un año después, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno, se aprueba un modificado y la obra
se eleva a 127.382.731 Ptas. lo que supone un aumento de
8.824.276 Ptas. El tema de los modificados, las revisiones de
precios y otras zarandajas serán la seña de identidad de casi todas las
obras realizadas en las etapas de Pedro Fernández y Guillermo Murias. Y
esto no es una maldad. A lo sumo una extraña coincidencia en la forma de
actuar de dos alcaldes procedentes del mundo sindical.
Esta obra, de la que al día de hoy el
Ayuntamiento adeuda la cantidad de 37.432.155 Ptas. más los
intereses de demora, porque así lo estipula la sentencia, tenía
una subvención finalista de 133.720.000 Ptas. otorgada
mediante resolución del MINER de fecha 7/11/1997. Y una vez más cabe
preguntarse, ¿qué destino se le ha dado ese dinero? ¿Quién ha
certificado esos libramientos que nunca llegaron a su destinatario?
puesto que BOCSA sólo percibió 89.950.576 Ptas. De los
133.720.000 concedidos hasta los 89.950.576 abonados
faltan 43.769.424 Ptas.
¿Dónde están? Eso es lo que tiene que dilucidar esa comisión de
investigación y eventualmente los Tribunales de Justicia.
Hace algunos meses, cuando el Tribunal de
Cuentas dio "carpetazo" a la retahíla de irregularidades detectadas en
la gestión de Guillermo Murias, sus correligionarios de IU muy ufanos
vociferaron que todo había sido una caza de brujas. Si tuvieran dos
dedos de frente y un mínimo de decencia política se callarían. Les guste
o no, su compañero ha sido un gestor nefasto y sus mandatos al frente
del Ayuntamiento están salpicados por múltiples irregularidades y más de
un rumor sobre corrupción. Como por ejemplo, la supuesta compra de un
concejal de la oposición para desbaratar una moción de censura pactada
entre PSOE y PP para desbancarlo de la Alcaldía.
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