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Aseguran los expertos que un panel solar de un m2 que recibe el ángulo
de sol optimo durante los meses más favorables del año, puede producir
entre 3 y 4 Kwh al día. Eso en la meseta castellana, en algunas zonas
del sur del país de 4 a 5. Todos sabemos igualmente que el generador
fotovoltaico produce electricidad sin ocasionar ningún daño al
medioambiente. Y, además, tiene otras muchas ventajas. Como por ejemplo,
la de proveer de energía cualquier equipamiento o residencia alejada de
la red de distribución convencional. Y lo que aún es más importante, por
este procedimiento se puede llegar a conseguir un rendimiento económico
óptimo.
Viajando por Europa no es infrecuente ver paneles solares en muchas
viviendas unifamiliares aisladas en plena campiña. O incluso, en
urbanizaciones de reciente construcción en zonas residenciales. Y por
supuesto, en muchos inmuebles colectivos.
En España, pese a reunir unas condiciones inmejorables, aún estamos en
una fase embrionaria en cuanto a ese tipo de pequeños equipamientos. Por
el contrario, en materia de producción fotovoltaica a gran escala
estamos recuperando con creces el tiempo perdido. El negocio es el
negocio. Y así lo han visto una serie de funcionarios y cargos de
confianza de la Administración Regional, que desde una posición de
privilegio han sabido sortear todos los obstáculos burocráticos y
administrativos en un tiempo record, para montar sus propias empresas y
de ese modo añadir unos eurillos suplementarios a la economía familiar.
Al parecer, todo se ha hecho desde la más estricta y escrupulosa
legalidad. Aunque así fuera, política y éticamente este argumento de
defensa no se sostiene. Ni siquiera aunque ninguno de los que se han
metido en este negocio hayan podido incurrir en incompatibilidad alguna.
Como funcionarios públicos deben tener una conducta intachable, que es
lo menos que se le debe de exigir a un servidor del interés general. Y
en este caso, el interés privado y el público han entrado en colisión al
ser juez y parte.
Se podrán utilizar todos los aderezos cosméticos que se quiera, pero
desde cualquier prisma que se mire la situación es impresentable. Que la
sección que ellos dirigían fuera al mismo tiempo la encargada de la
tramitación de esas licencias, revela un comportamiento ético
inadmisible. ¿Si eso no es una posición de privilegio entonces qué es?
¿Acaso cualquier otro ciudadano cuenta con las mismas oportunidades?
Naturalmente que no. Comenzando porque ni siquiera sabe a que puerta
tiene que llamar para que simplemente lo pongan en el camino a seguir. Y
no hablemos ya de los contactos. Pues aún en el hipotético caso de que
resultara tan sencillo como algunos dicen obtener esas licencias,
después hay que mercadearlas y eso tampoco debe de ser un asunto menor.
Este escándalo que ya ha traspasado los confines de esta provincia tiene
otra vertiente muy importante. La política. Y en ella debería centrarse
el grueso de la investigación y la asunción de las responsabilidades a
las que hubiere lugar. Los nombres que hasta la fecha han aparecido,
todos ellos están vinculados a una formación política. Y algunos con
responsabilidades importantes, al menos en un pasado muy reciente. Que
no se rasgue después la clase política sus vestiduras ante la próxima
encuesta del CIS si el gremio sigue siendo uno de los peores valorados
por la ciudadanía. Política y negocios sigue siendo el coctel más eficaz
para que el ciudadano aborrezca lo que Montesquieu consideraba como la
tarea más noble, es decir el servicio a los demás a través de la
práctica política.
Pero en este país plagado de modernidad hace tiempo que hemos enterrado
al padre de la separación de los poderes del Estado. Desde los cafelitos
de Juan Guerra la evolución ha sido vertiginosa. A golpe de
recalificación urbanística muchos se han hecho multimillonarios y
alcaldes y concejales millonarios, aunque algunos hayan dado con sus
huesos en la cárcel. Otros desde sus puestos de mando han inventado
cosas más sofisticadas, pero a la postre el resultado es el mismo. En
plan rústico o con corbata y cuello almidonado, ambos se sirven de sus
privilegiadas posiciones para hacer negocios.
Y todo esto ocurre en el país desarrollado que tiene la tasa de
desempleo más elevada de la UE. Y en el que el salario mínimo y las
prestaciones sociales están a años luz de países como Alemania,
Inglaterra, Francia o Italia. Aunque nuestro presidente se vanaglorie de
que ya estamos delante de Italia en PIB. Y no hablemos de esos miles de
ciudadanos que su pensión no contributiva aún no alcanza ni con mucho
los 500 euros mensuales. ¿Qué les tienen que decir a éstos y a todos
esos jóvenes mileuristas estos funcionarios empresarios? ¿Y sus
superiores jerárquicos tampoco tienen nada que decirles? Claro que sí.
En la próxima contienda electoral les dirán que si les votan se dejarán
la piel para defender sus intereses. Y lo peor es que muchos se lo
creerán. Unos porque no leen la prensa y otros porque consideran que es
normal y que si ellos estuvieran en su lugar harían lo mismo.
Hoy es el escándalo de las placas solares, mañana puede ser el de las
eólicas. A poco que alguien meta las narices en el tema seguro que
encuentra algo más de lo que imagina. Y mientras tanto, Tomás Villanueva
y Juan Vicente Herrera sumidos en un mutismo ensordecedor. ¿Hasta cuando
podrán mantenerlo? Todo dependerá de la presión mediática, porque del
gremio político en general, poco cabe esperar.
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