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EXPEDIENTE SANCIONADOR CONTRA
"EXPLOTACIONES MINERAS DE NAVALEO"
EN CABOALLES DE ARRIBA
 

Nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Villablino. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil incoa un nuevo expediente sancionador por otra infracción medioambiental. Dejando una vez más en evidencia la política  del Equipo de Gobierno en esta materia. ¿Qué más tiene que pasar para que alguien asuma responsabilidades políticas?

26/12/2008
Éste es el cuarto expediente sancionador que se incoa por una infracción ambiental cometida en el término municipal del Ayuntamiento de Villablino. Y al igual que en los tres anteriores, éste también se incoa como consecuencia de la denuncia de un particular. Dejando así en evidencia al Equipo de Gobierno y por ende, a la concejalía de medio ambiente. Que no sólo hace permanentemente dejación de sus funciones, sino que ha demostrado no tener el menor interés por asumirlas. Naturalmente, las razones son sobradamente conocidas por todos.

En este asunto, tanto Guillermo Murias como Ana Luisa Durán, tomaron partido desde el principio. Murias más hábil, dejó pasar el tiempo y enredó a los vecinos adquiriendo compromisos que jamás cumpliría. La actual alcaldesa heredó el problema y no sólo ninguneó a los vecinos, sino que se posicionó abiertamente en su contra. Anunció que ese vertedero se legalizaría porque era necesario. Y para ello sólo bastaba modificar la calificación urbanística del suelo. Sin embargo, ante la tenacidad de los vecinos no tuvo más remedio que acabar firmando el decreto de paralización de los vertidos. Eso sí, mientras tanto ha seguido tramitando el expediente para su legalización. Aunque según hemos podido saber puede que se encuentre con más dificultades de las esperadas.

El pasado día 12, los vecinos obtenían una importante victoria al conseguir la reapertura del camino Real. Y hoy vuelven a obtener un notable éxito con la apertura por parte de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de un expediente sancionador contra Explotaciones Mineras de Navaleo, por "realización de un depósito de tierras, escombros, estériles de carbón y residuos contaminantes" . Quedando así ampliamente demostrado que los vecinos tenían razón al denunciar la existencia de residuos contaminantes en este vertedero ilegal. Un extremo que jamás reconocieron ni Guillermo Murias ni Ana Luisa Durán, y por el que hoy ambos deberían asumir responsabilidades políticas. Las inherentes al concejal de medio ambiente, mejor ni citarlas. Todos sabemos que, en éste como en casi todos los asuntos de su competencia, su función es la del convidado de piedra. Eso sí, una función remunerada con cargo al erario público.

Como ya hemos señalado, este tema  va a seguir dando que hablar, puesto que también está abierta la vía judicial. Pero al margen de lo que resulte del veredicto de la Justicia, desde este mismo momento ya existen hechos probados que implican a Guillermo Murias y a Ana Luisa Durán. Y por los cuales han de exigírseles responsabilidades políticas.  Por orden judicial se ha ordenado la apertura del camino Real. Una resolución que tendría que haber partido de la Alcaldía desde el momento en que tiene conocimiento de que se está cometiendo  esa grave infracción. A la que ahora se suma la tipificada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

De no haberse producido esta dejación de funciones por parte del Ayuntamiento el asunto habría quedado zanjado desde la primera denuncia vecinal. Sin embargo, con esa actitud de mirar para otro lado, el Ayuntamiento no sólo ha estado amparando al infractor, sino que ha sido un colaborador necesario en la comisión de una infracción urbanística y otra ambiental. Y por todo ello sus responsables tienen obligatoriamente que asumir responsabilidades políticas.

Lo que está sucediendo en este Ayuntamiento desde hace años es escandaloso y vergonzante. Un sector de la clase política está dañando considerablemente la imagen de Laciana, que sólo aparece en los medios de comunicación por los desaguisados que ella comete. La ilegalidad ha adquirido tal carta de naturaleza, que la legalidad se ha convertido en la excepción. Esa es la triste realidad que todos los lacianiegos padecemos. Tener a una clase política instalada en el conformismo y la desidia. Y sin otra perspectiva de futuro que la de perpetuarse en el cargo contra viento y marea.


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