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UNA
IMPUTACIÓN DE
IMPREVISIBLES CONSECUENCIAS
La imputación por un
presunto delito de prevaricación del jefe Territorial de Medio Ambiente
de la Junta en el caso de El Feixolín, abre una nueva vía judicial de
imprevisibles consecuencias para quienes han amparado y tolerado las
irregularidades que se han venido cometiendo es esta ilegal explotación
de MSP.
03/11/2008.JPG)
El delito de prevaricación consiste en dictar
a sabiendas una resolución injusta. El juez del Juzgado de Instrucción
nº4 de León parece tener indicios racionales de que la Junta de Castilla
y León ha podido cometer ese delito en el caso de la explotación a cielo
abierto de El Feixolín, puesto que ha citado como imputado al jefe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Luís Blanco, para que
preste declaración el próximo día 14.
Este inesperado episodio, supone un nuevo contratiempo para quienes han
venido sosteniendo que la explotación de MSP contaba con todas las
bendiciones legales. Aun cuando varias sentencias judiciales hayan
puesto de manifiesto lo contrario.
Es significativo que los principales implicados en este embrollo
jurídico-político guarden silencio ante esta imputación. Como por
ejemplo, el Delegado Territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández
o la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, que en repetidas
ocasiones han reiterado que en El Feixolín se estaba actuando con
estricta sujeción a la dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León. Naturalmente, ni ellos mismos se han creído jamás
tamaña falacia.
Siempre podrán argumentar que esta imputación
está amparada por la presunción de
inocencia, puesto que sólo se trata de diligencias previas. Sin embargo,
es la primera vez que en este asunto se implica directamente a personas
físicas de la Administración. Y si por el momento sólo afecta a la
regional, no cabe descartar la posibilidad de que a medida que avance la
instrucción puedan verse implicados técnicos, funcionarios y
responsables políticos del Ayuntamiento de Villablino. Quienes en último
extremo tenían encomendado por el juez, velar por el cumplimiento de las
resoluciones judiciales. Y esa dejación de funciones, cuando no el
entorpecimiento de la acción de la Justicia, han quedado patentes
en más de una ocasión. Sólo basta con echar un vistazo a los informes
técnicos o de la Policía Municipal sobre sus visitas de inspección
a la explotación. Muy difícil lo pueden llegar a tener algunos para
demostrar que han actuado con absoluta imparcialidad. La prevaricación
también puede llegar hasta ellos. Pues que nadie dude de que la Junta
intentará por todos los medios exculpar a sus funcionarios. Que es lo
mismo que exculparse ella.
Siempre hemos sostenido que este asunto acabaría acarreándole graves
consecuencias a la Institución municipal y todo parece indicar que tarde
o temprano así será.
Sin embargo, no estamos en presencia de una responsabilidad colectiva.
Este cúmulo de ilegalidades que se han venido cometiendo con las
explotaciones a cielo abierto, jamás ha sido sancionado por un acuerdo
del máximo órgano de Gobierno municipal. Es decir, por el Pleno de la
Corporación. Consiguientemente, los responsables directos tienen nombres
y apellidos.
Y si bien es cierto que IU puede llevarse la peor parte, no es menos
cierto que PSOE y PP también tienen la suya. Pues ambos han tenido
responsabilidades de Gobierno y nada han hecho - al contrario - para
restablecer la legalidad. Y no es porque no se les haya advertido de que
podían estar incurriendo en un posible delito de prevaricación. Pero
acostumbrados como estaban a la impunidad han hecho caso omiso. Y quizá
ahí haya estado su error. En cualquier caso, de lo único que estamos
seguros es de que el tema de El Feixolín aún está muy lejos de cerrarse.
Pues al margen de las actuaciones de NARSIL también están las de quienes
se han personado en estos procedimientos, como el eurodiputado verde
David Hammerstein. Quien a buen seguro pondrá estos nuevos hechos en
conocimiento de la autoridades europeas. Un elemento más para demostrar
que los responsables de la Junta han intentado recientemente engañar a
la CE. Difícil lo tiene el presidente Juan Vicente Herrera para
convencer al Comisario Dimas de que su ejecutivo ha velado por el
cumplimiento del derecho comunitario.
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