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Es evidente que a algunos políticos no les preocupa lo más mínimo el
creciente distanciamiento de los ciudadanos con sus representantes. De
lo contrario actuarían de manera muy diferente.
Olvidan, sin embargo, que sus remuneraciones proceden del erario
público. O sea, del bolsillo de esos mismos ciudadanos a los que tratan
con desdén.
A tenor de la experiencia que están viviendo los vecinos del barrio
del Azor de Villablino, va a resultar muy difícil convencerlos de
que su ayuntamiento es eficaz.
Desde hace más de un año, no han sido capaces de lograr que
alguien atienda sus más que fundadas quejas. Y eso que la ilegalidad es
flagrante. Como muy bien ha reconocido el anterior concejal de obras,
José Méndez. Quien por cierto, se comprometió a solucionar el tema
en muy breve plazo. Visiblemente, sus buenas palabras no tenían otro
objetivo que quitarse de encima a los incómodos vecinos .
Tampoco tuvieron mayor éxito al dirigirse por
escrito al alcalde. Desde el
03 de octubre de 2006 están esperando la respuesta. Lo cierto
es que a escasa distancia de sus viviendas se ha realizado la ampliación
de una actividad industrial, y se ha hecho ilegalmente. Sin licencia de
obra, ni de actividad, ni de apertura. Es decir, dejando a los vecinos
afectados en situación de total indefensión.
Pero no acaba ahí el tema. El actual concejal de obras ha
dejado caer en una reciente entrevista con los afectados "que el
ayuntamiento no iba a tener más remedio que legalizar esta situación".
Increíble, pero cierto. Por cuanto significa enviar un mensaje
inequívoco a todos los infractores. Es decir, que sigan el ejemplo de
Victorino Alonso.
Esta actitud es simplemente inadmisible. Ningún ciudadano
puede sustraerse al cumplimiento de la Ley. Y si el ayuntamiento hace
caso omiso a esta reivindicación vecinal, es evidente que está forzando
a estos vecinos a acudir a la vía judicial. Y por consiguiente a
enfrentarse a los gastos que un procedimiento de esta naturaleza
origina. Y eso es aún más inadmisible.
El ayuntamiento tiene la obligación de paralizar de
inmediato esta actividad ilegal. Y sólo si cumpliera todos los
preceptos legales que la ley estipula en estos casos, podría concederse
las pertinentes autorizaciones para su explotación. Pero no antes.
En todo caso, lo que sí tiene que hacer el ayuntamiento
es dar oficialmente respuesta al escrito que los vecinos tienen
presentado en el ayuntamiento desde el 03 de octubre de 2006. Pero nos
da la impresión, por otras experiencias, que los nuevos mandatarios
municipales tienen en algunos casos la misma forma de proceder que sus
antecesores. A quienes han criticado hasta la saciedad por su
ineficacia. No es lo mismo predicar que dar trigo.
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Escrito
de los vecinos del 03/10/2006
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