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 LA
JUSTICIA
08/10/2009
 Lo
que no está permitido ni legal ni moralmente es ilícito. Y, además, si
como en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de un flagrante
quebrantamiento de la ley, no ofrece duda de que se ha cometido un
delito. Y eso es precisamente lo que una y otra vez han confirmado las
diferentes sentencias judiciales en el caso de las explotaciones de
carbón a cielo abierto de Laciana. Sin embargo, por razones que
ignoramos, todo sigue igual. Igual de ilícito, claro está. Y lo que es
peor, es que se percibe claramente una intención solapada de enredar y
enredar para que todo siga exactamente igual. O sea, un intríngulis
perfectamente bien preparado y aderezado por quienes precisamente tienen
encomendado velar por el cumplimiento de la ley. Ahí sigue el Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, como si no tuviera nada que
ver en el asunto. De igual modo que nadie parece tener el menor interés
por exigir responsabilidades al Delegado Territorial de la Junta en León.
De momento sólo deambulan por los juzgados sus subordinados. Y por
supuesto, ni el ex alcalde ni la actual alcaldesa de VIllablino, han
mostrado jamás el menor interés por hacer cumplir la ley en este asunto.
Y para nosotros y por este orden,
Guillermo Murias y Ana Luisa Durán tienen que responder de sus actos
ante la Justicia. Ya no vale resguardarse detrás del escudo de la Junta
para seguir eludiendo sus propias responsabilidades. La Junta tiene sus
responsabilidades y el Ayuntamiento las suyas. Y la Justicia tiene que
velar porque esas dos administraciones cumplan al pie de la letra lo
sentenciado. De lo contrario, cualquier ciudadano tiene derecho a decir
alto y claro lo que otrora dijo aquél alcalde de Jerez, "que la
Justicia es un cachondeo". Y nosotros al menos, jamás desearíamos
llegar a esos extremos, pero hemos de convenir que sí estamos algo
decepcionados con la labor del estamento judicial. En primer término,
por la extremada lentitud con la que actúa. Y una Justicia que es
demasiado lenta acaba siendo injusta. Y en segundo término, porque no
siempre entendemos que los imputados puedan tomarle el pelo de una
manera tan descarada. Ya sabemos que nuestro sistema es muy garantista y
que al final el que la hace la paga. Eso es lo que nos cuentan, pero no
siempre es así. De momento, en Laciana tenemos lo que tenemos. Ni
siquiera se logra que Victorino comparezca ante la jueza de Villablino
para declarar en un sumario que lleva abierto unos 8 años.
Otro ejemplo, al Ayuntamiento de
Villablino se le acabó dando judicialmente la razón sobre la ilegalidad
de la explotación de Leitariegos, pero ya era demasiado tarde. Las
máquinas ya se habían ido y el daño hecho - aún se conservan las
huellas. Que nosotros sepamos, los responsables del delito no pagaron ni
un céntimo por sus fechorías. La MSP se llevó la pasta, la Fundación
Carballo también y aquí paz y después gloria. Y a aquello, el Cepedano
le llamó "balón de oxígeno", cuando en realidad era un delito. Pero
estas cosas ocurren. Eso sí, casi en ningún sitio, pero en Laciana sí.
Tan singular es esta tierra, que los sindicalistas, los popes de verdad,
los que se tiran casi toda su vida laboral de liberados, una vez
prejubilados les falta tiempo para ponerse a trabajar. En sus propios
negocios, naturalmente. Vamos, que pasan de una orilla a otra con una
facilidad pasmosa. Y siempre con el inquebrantable deseo de defender la
justicia social.
Mal que le pese a la alcaldesa,
vamos a seguir insistiendo en que no nos parece nada presentable, ni
política ni éticamente, su comportamiento. Lo que no está permitido ni
legal ni moralmente es ilícito. Y amparar este tipo de conductas es
extremadamente grave en un Estado de derecho. Y más ella, que además de
alcaldesa es senadora.
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