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 COLISIÓN ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS

08/04/2010

En este ayuntamiento las apariencias no engañan. La senadora socialista y alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, se exhibe a diestro y siniestro con el polémico empresario minero, Victorino Alonso, importándole un bledo la colisión entre intereses públicos y privados. Esa sensación de poderío e impunidad de la que ambos hacen gala, es casi Gürteliana y en todo caso, tan impresentable como chabacana. Ningún representante de la soberanía popular que se precie puede actuar de una manera tan irresponsable. Y menos cuando la ristra de infracciones cometidas por este singular y polémico empresario, es tan extensa que abochornaría a cualquiera. A cualquiera, menos al interesado y a la senadora socialista y alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, claro está.

Lo incomprensible es que nadie de su partido la llame al orden, para significarle que su comportamiento puede acabar sentándola en el banquillo de los acusados por cometer un presunto delito de prevaricación. Que es exactamente lo que se le imputa a su homólogo y  compañero de partido, Demetrio Alfonso Canedo. Y, además, por unos hechos muy similares. El alcalde de Fabero tiene que responder ante la Justicia como consecuencia de la denuncia formulada por IU, a propósito de un lavadero de carbón que ha estado funcionando de forma ilegal desde hace años. Y aquí la historia se repite.

En la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la corporación municipal del ayuntamiento de Villablino el pasado 14 de enero, se aprobó por unanimidad una moción presentada por el concejal del grupo de Los Verdes, en la que se propone la creación de una Comisión especial encargada de estudiar la situación del lavadero de carbón ubicado en las inmediaciones del barrio de "Los Vallines" de Villablino. Pues bien, en vísperas de que se cumplan tres meses desde la aprobación de dicha moción, la senadora socialista y alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, aún no ha dispuesto lo necesario para que se constituya la citada Comisión. Demostrando así, una vez más, los intereses que defiende.

Merced al trágala de la mayoría de la oposición, la alcaldesa consiguió que las sesiones ordinarias del pleno de la corporación se celebraran cada dos meses. Aun así, desde el inicio del mandato, la regidora ha escamoteado la mitad. Privando de este modo a la oposición de ejercer su derecho de control y fiscalización del equipo de Gobierno, así como el de formular propuestas. A un año escaso de la finalización del actual mandato, en el mejor de los casos, sólo se celebrarán media docena de sesiones ordinarias. Lo que significa, que va a resultar harto difícil que éste y otros asuntos relacionados con Victorino Alonso puedan tratarse donde corresponde.

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