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COLISIÓN
ENTRE INTERESES PÚBLICOS Y PRIVADOS
08/04/2010
En
este ayuntamiento las apariencias no engañan. La senadora socialista y
alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, se exhibe a
diestro y siniestro con el polémico empresario minero, Victorino
Alonso, importándole un bledo la colisión entre intereses públicos y
privados. Esa sensación de poderío e impunidad de la que ambos hacen
gala, es casi Gürteliana y en todo caso, tan impresentable
como chabacana. Ningún representante de la soberanía popular que se
precie puede actuar de una manera tan irresponsable. Y menos cuando la
ristra de infracciones cometidas por este singular y polémico
empresario, es tan extensa que abochornaría a cualquiera. A cualquiera,
menos al interesado y a la senadora socialista y alcaldesa de
Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, claro está.
Lo incomprensible es que nadie de su partido la llame
al orden, para significarle que su comportamiento puede acabar
sentándola en el banquillo de los acusados por cometer un presunto
delito de prevaricación. Que es exactamente lo que se le imputa a su
homólogo y compañero de partido, Demetrio Alfonso Canedo.
Y, además, por unos hechos muy similares.
El alcalde de Fabero
tiene que responder ante la Justicia como consecuencia de la denuncia
formulada por IU, a propósito de un lavadero de carbón que ha estado
funcionando de forma ilegal desde hace años. Y aquí la historia se
repite.
En la sesión ordinaria celebrada por el pleno de la
corporación municipal del ayuntamiento de Villablino el pasado
14 de enero,
se aprobó por unanimidad una
moción
presentada por el concejal del grupo de Los Verdes, en la que se propone
la creación de una Comisión especial encargada de estudiar la situación
del lavadero de carbón ubicado en las inmediaciones del barrio de "Los
Vallines" de Villablino. Pues bien, en vísperas de que se cumplan
tres meses desde la aprobación de dicha moción, la senadora socialista y
alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán Fraguas, aún no ha
dispuesto lo necesario para que se constituya la citada Comisión.
Demostrando así, una vez más, los intereses que defiende.
Merced al trágala de la mayoría de la oposición, la
alcaldesa consiguió que las sesiones ordinarias del pleno de la
corporación se celebraran cada dos meses. Aun así, desde el inicio del
mandato, la regidora ha escamoteado la mitad. Privando de este modo a la
oposición de ejercer su derecho de control y fiscalización del equipo de
Gobierno, así como el de formular propuestas. A un año escaso de la
finalización del actual mandato, en el mejor de los casos, sólo se
celebrarán media docena de sesiones ordinarias. Lo que significa, que va
a resultar harto difícil que éste y otros asuntos relacionados con
Victorino Alonso puedan tratarse donde corresponde.
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