|
Los vecinos del barrio del Azor de San Miguel han cumplido
al pié de la letra el Art. 18 de la Ley de Bases de Régimen Local. Han
solicitado información, previa petición razonada, al ayuntamiento en
relación con un expediente que les afecta directamente. Pero una vez
más, los responsables municipales se pasan por el forro la Ley de Bases
de Régimen Local y hasta la propia Constitución, que en su Art. 105
también ampara a estos vecinos.
Los hechos comenzaron hace varios meses, cuando
atónitos contemplan como en las inmediaciones de sus viviendas se están
ejecutando obras para el acondicionamiento de una finca que albergará
una actividad industrial. Pero no una actividad cualquiera, pues
está sujeta a la aplicación del reglamento de Actividades Clasificadas
de la Junta de Castilla y León. Puesto que se trata de un depósito y
almacenamiento de combustibles.
En primera instancia, los vecinos se dirigen al ayuntamiento y el
concejal de obras, les informa que se trata de una obra de carácter
provisional. No obstante, reconoce que no tiene
licencia municipal. Eso sí, promete tomar las correspondientes medidas
legales que se imponen.
Transcurrido un tiempo prudencial sin que aparentemente
se perciba ningún cambio de actuación, de nuevo los vecinos se
entrevistan con el citado concejal. En esta ocasión, les propone algo tan
sorprendente como irreal. Que los propios vecinos afectados lleguen a un
acuerdo amistoso con el propietario de la instalación. ¿Para que sirve
entonces el ayuntamiento?
Hartos de tomaduras de pelo y de idas y venidas, los vecinos presentan un escrito de denuncia en el
Registro General del Ayuntamiento. Al día de hoy aún están esperando la
respuesta. Lo cierto es que la obra ha finalizado y la actividad se
ejerce con absoluta normalidad.
Estos vecinos desamparados están siendo víctimas de un
atropello cometido por su propio ayuntamiento. Y si quieren que se
cumpla la Ley, no tienen más remedio que recurrir a la vía judicial. Lo
que significa que tendrán que costearse el procedimiento. Lo que no deja
de ser una inmoralidad y un abuso de poder por parte de los gestores
municipales. Así es como trata el Equipo de Gobierno a determinados ciudadanos.
Naturalmente, ni estos vecinos ni Los Verdes, que
denunciamos estos hechos, tenemos la menor intención de atentar contra
los intereses del industrial propietario de esta actividad. Unos y
otros, lo único que pedimos es que se cumpla la Ley y que ante ella
todos seamos iguales. Y como este no es el único caso y ya llueve
sobre mojado, por eso nos hacemos eco del desamparo de estos vecinos,
que ven en Los Verdes a la única fuerza política que no se casa con
nadie.
Si hay irregularidad se tiene que denunciar, sean quienes
sean los implicados. Nadie está por encima de la Ley ni nadie puede
recibir ningún trato de favor. Eso es lo que debe quedar claro y
prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideración. El problema es
que en este ayuntamiento la legalidad hace ya mucho tiempo que se ha
convertido en papel mojado.
Dos fotografías tomadas recientemente
en las que se pueden comprobar los hechos denunciados
Página Inicio
| 
