|
|
OBAMA, EL VERTIDO DE PETRÓLEO EN LUISIANA
Y
LAS MINAS A CIELO ABIERTO EN LEÓN
31/05/2010
En
Luisiana, Barack Obama ha dicho en una rueda de prensa que el vertido de
petróleo estaba relacionado con "el hecho de que las empresas
petrolíferas tienen que bajar una milla debajo del nivel del mar y
después perforar 3 millas más (5 Km), mostrando con ello que el
problema de que la creciente escasez del petróleo hace la extracción
cada vez más peligrosa y cada vez más cara". A continuación, el
Presidente Obama afirmó que la búsqueda de más petróleo no era la
solución, y que urge el buscar fuentes alternativas de energía. Sobre su
impresión personal sobre el vertido dijo que era especialmente duro para
él, y afirmó: "yo me criaba en Hawai donde el océano es considerado
sagrado".
Con estas palabras
de sensibilidad sobre los límites y los daños ambientales, quizás el
debate público se pueda acercar más a la realidad. El problema del
vertido de combustible fósil en Lusiana no responde principalmente a si
ha habido o no incompetencia técnica en el accidente, o a si se ha dado
una falta de responsabilidad por parte de la empresa petrolífera (que
por cierto, sí la ha habido, y mucha !), sino que responde más bien a un
problema más grave y mucho mayor: el de nuestra adictiva dependencia
mortífera a un combustible fósil como es el petróleo, cuya extracción,
transporte y quema son estructuralmente biocidas para el conjunto de la
humanidad y el planeta viviente. Si además, el océano puede ser
considerado sagrado tal y como recuerda Obama, ello habría de obligarnos
a aplicar inteligentes principios de autorrestricción y prudencia ante
los inmensos peligros que desata nuestra dependencia civilizatoria con
el petróleo. Los dioses hoy deben estar muy furiosos ante el nefasto
trato que damos a la inmemorial cuna oceánica de toda la vida en la
Tierra.
Obama también hizo
referencia a la múltiple irresponsabilidad institucionalizada que
favorecía el accidente: las corruptelas y conflictos de intereses
sectoriales dentro de las mismas agencias gubernamentales encargadas de
gestionar la extracción de petróleo y el carbón; las infames "puertas
giratorias" que informalmente establecen unas fáciles y estrechas
relaciones de intereses entre los directivos de empresas y los
funcionarios y técnicos de las instituciones públicas; el enorme e
invisible poder de los lobbies de los intereses empresariales del
combustible fósil; la ciudadanía rehén cuyos intereses colectivos están
amordazados, y cuyas organizaciones cívicas y colectivas carecen de
suficientes y eficaces cauces de información, influencia, participación
y decisión.
No son tantas las
distancias existentes entre dos diferentes tipos y escalas de
destrucción ambiental que afectan a la minería del petróleo y a la del
carbón. El vertido de Luisiana guarda unas fuertes similitudes con la
situación en la que están las minas de carbón a cielo abierto en el
norte de España, principalmente en León. Ambos tipos de extracciones
causan unos estragos irreparables en las funciones naturales y en la
capacidad generativa de unos ecosistemas singulares, frágiles y muy
valiosos: los estuarios y zonas húmedas, y las montañas protegidas por
leyes ambientales europeas y con reconocimientos internacionales por ser
santuarios únicos de flora y fauna en peligro de extinción. En el Valle
de Laciana aún sobreviven unos paraísos ambientales donde habitan los
últimos osos pardos y urogallos.
Tanto las
plataformas petrolíferas como las minas a cielo abierto extraen un
combustible fósil que contamina terriblemente a cada paso de su ciclo,
desde la extracción hasta su quema. Las dos actividades mineras también
gozan de un gran proteccionismo económico con íntimas redes de
complicidades entre los intereses de las administraciones, los gobiernos
políticos, y los empresarios mineros, y utilizan para ello numerosas
coberturas informales y oficiales que protegen y encubren las muchas
ilegalidades y abusos cometidos en sus respectivos gobiernos y en sus
respectivas administraciones nacionales, regionales y locales. Además,
los alineamientos de los intereses en torno estos negocios privados tan
dañinos en manos de las empresas mineras y los gestores públicos de los
gobiernos, han llegado hasta los niveles más altos del poder.
En España, son de
escándalo ciudadano las faraónicas cifras de dinero público que cada año
da del Ministerio de Industria a los empresarios mineros y al particular
y ambientalmente destructivo negocio de la minería a cielo abierto en
León. Estas actividades industriales de extracción del sucio carbón
están cargadas de denuncias y de movilizaciones ciudadanas ante las
muchas irregularidades y lesiones ecológicas que acarrean sobre la
biodiversidad de las montañas (han sido denunciadas hasta por la misma
Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo). Pero a pesar de
tener sentencias judiciales de cierre en su contra, continúan
impunemente bajo el silencio cómplice y el beneplácito de sindicatos y
partidos de izquierdas y derechas. Tanto en EE.UU como en España, las
actividades del carbón y del petróleo han disfrutado de masivas
subvenciones estatales y de la vista gorda de las instituciones públicas
ante los notorios atropellos de las leyes.
David Hammerstein
Inicio
|