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 OBAMA, EL VERTIDO DE PETRÓLEO EN LUISIANA
Y
LAS MINAS A CIELO ABIERTO EN LEÓN

31/05/2010

En Luisiana, Barack Obama ha dicho en una rueda de prensa que el vertido de petróleo estaba relacionado con "el hecho de que las empresas petrolíferas tienen que bajar una milla debajo del nivel del mar y después  perforar 3 millas más (5 Km), mostrando con ello que el problema de que la creciente escasez del petróleo hace la extracción cada vez más peligrosa y cada vez más cara". A continuación, el Presidente Obama afirmó que la búsqueda de más petróleo no era la solución, y que urge el buscar fuentes alternativas de energía. Sobre su impresión personal sobre el vertido dijo que era especialmente duro para él, y afirmó: "yo me criaba en Hawai donde el océano es considerado sagrado". 

 Con estas palabras de sensibilidad sobre los límites y los daños ambientales, quizás el debate público se pueda acercar más a la realidad. El problema del vertido de combustible fósil en Lusiana no responde principalmente a si ha habido o no incompetencia técnica en el accidente, o a si se ha dado una falta de responsabilidad por parte de la empresa petrolífera (que por cierto, sí la ha habido, y mucha !), sino que responde más bien a un problema más grave y mucho mayor: el de nuestra adictiva dependencia mortífera a un combustible fósil como es el petróleo, cuya extracción, transporte y quema son estructuralmente biocidas para el conjunto de la humanidad y el planeta viviente. Si además, el océano puede ser considerado sagrado tal y como recuerda Obama, ello habría de obligarnos a aplicar inteligentes principios de autorrestricción y prudencia ante los inmensos peligros que desata nuestra dependencia civilizatoria con el petróleo. Los dioses hoy deben estar muy furiosos ante el nefasto trato que damos a  la inmemorial cuna oceánica de toda la vida en la Tierra. 

Obama también hizo referencia a la múltiple irresponsabilidad institucionalizada que favorecía el accidente: las corruptelas y conflictos de intereses sectoriales dentro de las mismas agencias gubernamentales encargadas de gestionar la extracción de petróleo y el carbón; las infames "puertas giratorias" que informalmente establecen unas fáciles y estrechas relaciones de intereses entre los directivos de empresas y los funcionarios y técnicos de las instituciones públicas; el enorme e invisible poder de los lobbies de los intereses empresariales del combustible fósil; la ciudadanía rehén cuyos  intereses colectivos están amordazados, y cuyas organizaciones cívicas y colectivas carecen de suficientes y eficaces cauces de información, influencia, participación y decisión.   

No son tantas las distancias existentes entre dos diferentes tipos y escalas de destrucción ambiental que afectan a la minería del petróleo y a la del carbón. El vertido de Luisiana guarda unas fuertes similitudes con la situación en la que están las minas de carbón a cielo abierto en el norte de España, principalmente en León. Ambos tipos de extracciones causan unos estragos irreparables en las funciones naturales y en la capacidad generativa de unos ecosistemas singulares, frágiles y muy valiosos: los estuarios y zonas húmedas, y las montañas protegidas por leyes ambientales europeas y con reconocimientos internacionales por ser santuarios únicos de flora y fauna en peligro de extinción. En el Valle de Laciana aún sobreviven unos paraísos ambientales donde habitan los últimos osos pardos y urogallos.

Tanto las plataformas petrolíferas como las minas a cielo abierto extraen un combustible fósil que contamina terriblemente a cada paso de su ciclo, desde la extracción hasta su quema. Las dos actividades mineras también gozan de un gran proteccionismo económico con íntimas redes de complicidades entre los intereses de las administraciones, los gobiernos políticos, y los empresarios mineros, y utilizan para ello numerosas coberturas informales y oficiales que protegen y encubren las muchas ilegalidades y abusos cometidos en sus respectivos gobiernos y en sus respectivas administraciones nacionales, regionales y locales. Además, los alineamientos de los intereses en torno estos negocios privados tan dañinos en manos de las empresas mineras y los gestores públicos de los gobiernos, han llegado hasta los niveles más altos del poder. 

En España, son de escándalo ciudadano las faraónicas cifras de dinero público que cada año da del Ministerio de Industria a los empresarios mineros y al particular y ambientalmente destructivo negocio de la minería a cielo abierto en León. Estas actividades industriales de extracción del sucio carbón están cargadas de denuncias y de movilizaciones ciudadanas ante las muchas irregularidades y lesiones ecológicas que acarrean sobre la biodiversidad de las montañas (han sido denunciadas hasta por la misma Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo). Pero a pesar de tener sentencias judiciales de cierre en su contra, continúan impunemente bajo el silencio cómplice y el beneplácito de sindicatos y partidos de izquierdas y derechas. Tanto en EE.UU como en España, las actividades del carbón y del petróleo han disfrutado de masivas subvenciones estatales y de la vista gorda de las instituciones públicas ante los notorios atropellos de las leyes. 

David Hammerstein

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