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Poco a poco se van cegando todas las salidas del tortuoso
caso de El Feixolín. El último auto dictado por el juez no deja el menor
resquicio para la duda. La explotación debe ser cerrada de inmediato. Se
acabaron las triquiñuelas de la Junta de Castilla y León, del
ayuntamiento y de MSP. La resolución viene a decir algo así como ¡basta
ya!. Claro que tratándose de expertos en el arte de enredarlo todo, cabe
esperar cualquier cosa. En el último momento aún saldrá algún conejo de
la chistera.
Guillermo Murias ya nos advierte que necesita cinco días para
proceder. Plazo suficiente para mover todos los peones que puedan
ayudarle a salir del atolladero. Sindicatos, Junta y hasta la propia
empresa. O sea, los mismos actores de siempre y en el mismo escenario.
La comedia bufa en su enésima representación. Lo que sucede, es que el
margen de maniobra es cada vez más exiguo. Y enfrente tiene a la empresa
NARSIL que no está dispuesta a que sigan ninguneando las resoluciones
judiciales. Su representante, en rueda de prensa ya ha anunciado que la
vía penal sigue abierta. Y eso ya es harina de otro costal.
Las actuaciones y responsabilidades de unos y otros están
muy claras. Al alcalde le corresponde dictar inmediatamente el decreto
de paralización y vigilar su cumplimiento. A la Junta de Castilla y León
realizar las labores de vigilancia para velar por la seguridad de las
personas y bienes. Y a MSP cumplir la resolución judicial en su
totalidad. Así de sencillo.
Pero si hemos llegado a esta situación, no hemos de
perder de vista el origen de la misma. Esencialmente para depurar las
correspondientes responsabilidades. Y en primer término, la del alcalde.
Si Victorino Alonso ha estado explotado ilegalmente en El
Feixolín durante 11 años, es simplemente porque alguien se lo ha
tolerado. Es más, hasta que Ángel Crespo certificó que todo era
ilegal, Guillermo Murias había venido sosteniendo todo lo
contrario. Incluso declaró ante el juez que la explotación contaba con
todas las autorizaciones legales. Una declaración que puede acabar
costándole muy caro. Pues la demanda de NARSIL sigue su curso.
No cabe, pues, a estas alturas que el alcalde quiera irse
por la tangente y exculparse con la Junta de Castilla y León. Máxime,
cuando determinados cargos públicos y funcionarios pueden verse
igualmente imputados en relación con este asunto. Lo que significa, que
en su defensa harán valer que desde el ayuntamiento no se adoptaron las
correspondientes medidas desde el inicio de la primera ilegalidad.
Tampoco cabe ahora alegar otras causas, de las que sólo
los actores han sido responsables. Como por ejemplo, costes sociales o
económicos. Victorino Alonso - por medio de sus representantes -
ha declarado ante el juez haber extraído carbón en El Feixolín por valor
de 32.000 millones de las antiguas pesetas. De manera que no nos vengan
ahora con monsergas.
No obstante, hemos de estar alerta, porque es indudable que
este asunto va a ser utilizado electoralmente por alguna fuerza
política. Desde hace tiempo alguien está empeñado en emponzoñar esta
campaña electoral. Pero no les va a resultar nada fácil pescar en río
revuelto. Mal que les pese, se hablará del desastre económico del
ayuntamiento, de la contaminación de las aguas, del cielo abierto y de
todo el desastre que aqueja a Laciana. Del que por cierto, no son
responsables Los Verdes de Europa, sino quienes han venido mal
gobernando este ayuntamiento desde hace 20 años. Esa es la realidad de
la que no quieren hablar, pero no se les arreglará.
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