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El plazo expira el día 31 de marzo. El alcalde Guillermo Murias,
en el transcurso de un acto de precampaña electoral, celebrado en el
pueblo de Caboalles de Arriba, aseguró contundentemente, que ese
día tomaría las medidas pertinentes para cerrar definitivamente la
explotación ilegal de El Feixolín. Bien es cierto, que desde entonces ha
ido matizando su aseveración. Y como viene siendo habitual en él, ya ha
comenzado a preparar el terreno, a sabiendas de que ese día no pasará
nada. Victorino Alonso seguirá explotando a pleno
rendimiento con toda tranquilidad. Es decir, como lo viene haciendo
desde hace once años.
Para justificar lo que está cantado, Guillermo Murias recurrirá
de nuevo a las triquiñuelas de siempre, por ejemplo, a la manida falta
de medios. El ayuntamiento de Villablino no puede dedicar su exigua
dotación policial a la vigilancia exclusiva de la explotación minera. Y
una vez más, cargará la responsabilidad sobre la Junta de Castilla y
León, la Justicia y puede que hasta sobre el Subdelegado del Gobierno.
Cualquiera menos él. Aún falta la primera vez que en este largo y
complejo asunto asuma la más mínima responsabilidad. Afortunadamente, a
estas alturas, salvo algún despistado, nadie ignora en Laciana que la
explotación se inicia siendo él el alcalde. Lo que no es óbice para que
cada vez que tiene ocasión trate de enredar todo lo posible. Primero,
afirmando que el expediente se inicia antes de su llegada al
ayuntamiento. Y después, cargando las tintas sobre el PSOE por haber
levantado la protección urbanística que tenían esos terrenos. Sin
embargo, jamás hace referencia al Equipo de Gobierno que impuso esa
protección. No vaya a ser que se conozca la autoría. De ese modo puede
seguir sembrando la duda sobre la explotación de Leitariegos e incluso
sobre la mina del pueblo de San Miguel. Siempre es más fácil pescar
en río revuelto.
Pero la realidad es que sin su colaboración activa jamás se hubiera
explotado El Feixolín. Y tampoco Fonfría. Una explotación de la que se
habla mucho menos, pero que está en la misma situación de ilegalidad. Y
ésta además, ya le ha supuesto al ayuntamiento un desembolso de 72.000
euros, en concepto de costas judiciales por la incompetencia y
arrogancia del sr. alcalde. Un asunto por el que Los Verdes intentaremos
que responda personalmente. Pero esa cuestión tendrá que abordarla la
próxima Corporación Municipal.
Pero volviendo al 31 de marzo, estamos seguros de que no pasará nada. Si
el ayuntamiento hubiera tenido la menor intención de poner fin a esta
tomadura de pelo, jamás habría consentido que se siguiera explotando en
los términos que se está haciendo. Pues no sólo no se ha iniciado la
restauración, sino que la corta se ha seguido ampliando. Y el alcalde no
puede alegar ignorancia, puesto que ha sido puntualmente informado por
los técnicos municipales encargados de efectuar la valoración del
ilícito obtenido, para la imposición de la multimillonaria sanción de la
que tanto se ha hablado.
Consiguientemente, no cabe seguir exculpándose transfiriendo la
responsabilidad a otras Administraciones. Si a partir del 31 de marzo se
sigue extrayendo carbón en El feixolín, la responsabilidad es sola y
exclusivamente del ayuntamiento. En fin, como sólo tenemos que esperar
ocho días, tendremos ocasión de comprobar si nuestros vaticinios se
cumplen. Ojalá estemos equivocados, pero mucho nos tememos que una vez
más las contundentes afirmaciones realizadas por el alcalde en Caboalles
de Arriba, hayan sido otro engaño de los suyos.
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