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Hace ya algún tiempo, habíamos adelantado que tanto el fiscal
coordinador de Medio Ambiente como el de Anticorrupción de la Fiscalía
General del Estado, estaban siguiendo la pista al empresario
Victorino Alonso por sus actuaciones en el caso de la explotación a
cielo abierto de El Feixolín.
Pues bien, el pasado viernes teníamos confirmación de que el fiscal de
Medio Ambiente remitía a su homólogo de Burgos las denuncias que sobre
este asunto obraban en su poder. Al día siguiente, diversos medios
informativos se hacían eco de la noticia.
Una noticia de gran alcance que viene a complicar un
asunto ya muy complicado y cuyo desenlace tendrá probablemente graves
consecuencias políticas y presumiblemente penales, para muchos de los
implicados. Porque por primera vez, el Juzgado de Villablino tendrá que
remitir a la Fiscalía de Burgos la documentación relativa a todos los
procedimientos en curso desde el inicio de este complejo y complicado
asunto. Muchos de los cuales no han pasado de la fase de instrucción.
Aunque en primer término, la investigación tenga como
principales destinatarios los responsables de la Junta de Castilla y
León, no es menos cierto que las primeras irregularidades se cometen
bajo el auspicio y el amparo de los responsables municipales. El propio
alcalde, Guillermo Murias, sostuvo durante varios años la tesis
de que MSP contaba con todas las autorizaciones legales para explotar El
Feixolín. Naturalmente, hoy está ampliamente demostrado que mintió. Y es
de prever que esta falacia pueda acarrearle algún problema. También
tendrá que explicar las razones que le llevaron a recurrir la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ordenaba la
paralización y clausura de la explotación.
Hoy ya es demasiado tarde, para ampararse en que se está
tramitando el expediente sancionador. No olvidemos que el expediente en
cuestión obedece a una resolución judicial de obligado cumplimiento. Un
extremo, que por otra parte, el alcalde no ha cesado de subrayar.
Confirmando de este modo que no es una iniciativa que haya partido del
ayuntamiento. Lo que demuestra claramente de que lado está el alcalde.
Es igualmente significativo, que tras conocerse la
noticia de que la Fiscalía de Burgos abría diligencias de investigación,
el alcalde haya anunciado en un acto público de su partido, celebrado el
pasado sábado en Caboalles de Arriba, que el 31 de marzo decretaría la
paralización de la explotación. ¿Por qué no lo hizo cuando se lo
ordenó por primera vez el juez? ¿Por qué en primera instancia recurrió
la resolución judicial y después presentó el incidente de ejecución de
sentencia? ¿Por qué pidió amparo a la Junta de Castilla y León? Pues
sencillamente, porque jamás tuvo la menor voluntad de poner fin a esta
escandalosa actuación del empresario. Después del 27 de mayo
probablemente conozcamos, sino todos los motivos, sí algunos.
Lo cierto es que se estrecha el cerco sobre Victorino
Alonso, pero que nadie dude de que vaya a ser el único responsable
de este inmenso desaguisado. Al fin y al cabo, él sólo ha actuado así
porque alguien se lo ha consentido. Y eso es lo que intentaremos
demostrar el próximo día 6 de marzo ante el Comité de Peticiones del
Parlamento Europeo. Por eso, a todos aquellos que han tenido una
implicación directa en todo este asunto les va a resultar muy difícil
sortear todos los obstáculos que se están encontrando en el camino.
El ayuntamiento de Villablino, la Junta de Castilla y
León y Victorino Alonso nos han estado durante años tomando el
pelo a la ciudadanía, pero ha llegado el momento de rendir cuentas de
sus actuaciones ante la Justicia, ante la Comisión Europea y ante los
ciudadanos.
Las explotaciones a cielo abierto de El Feixolín y
Fonfría han ocasionado el mayor atentado ecológico y medioambiental que
jamás haya padecido Laciana y sus responsables tienen que pagar por
ello. Por eso Los Verdes seguiremos insistiendo en que las próximas
elecciones municipales y el más que seguro cambio de Equipo de Gobierno,
no pondrán punto final a estas responsabilidades. El caso se cerrará
definitivamente, no sólo con el cese de la actividad, sino cuando los
responsables del desastre hayan pagado por lo que han hecho. Simplemente
porque es de justicia y porque nadie puede sustraerse al cumplimiento de
la Ley.
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