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SI HAN PREVARICADO O NO LO DIRÁ LA JUSTICIA

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«Con carácter general, desde la Junta tanto los cargos políticos como los funcionarios han obrado correctamente en todas las tramitaciones que se han realizado en cualquier momento en (relación al cielo abierto del) Feixolín». Estas declaraciones del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Fernández, no se parecen en nada a lo que nos contó a Los Verdes de Europa en la reunión que mantuvimos con él el día 29 de julio de 2005.

Por expresa decisión suya prescindió de la presencia de cualquier funcionario en dicha reunión. Precisamente porque no se fiaba. Según él, toda la Sección de Minas estaba fuertemente condicionada por MSP. Y apostilló, que los técnicos de Victorino Alonso habían adquirido insolentes comportamientos con su antecesor  que él iba a cortar de raíz. De manera que sus recientes declaraciones no tienen otro valor que el de la exculpación. Eduardo Fernández sabe perfectamente que el expediente de El Feixolín está plagado de irregularidades técnicas y administrativas. Y la prueba más evidente, es que tanto la Sala de lo Contencioso Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León así lo han sentenciado. Además, si todas las tramitaciones hubieran sido correctas hoy la explotación no estaría amenazada con el cierre inmediato y definitivo.

Respecto a la posible implicación  de  cargos políticos, Eduardo Fernández ya asevera apresuradamente que no resultará sencillo sentarlos en el banquillo por su condición de aforados. Sin han prevaricado o no lo dirá la Justicia. Y sólo a ella le corresponde adoptar todas las medidas que sean necesarias para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar. Porque en un Estado de derecho nadie debe quedar impune. Sea aforado o no.

Peor lo tiene el alcalde Guillermo Murias. Siempre hemos sostenido que este era el eslabón más débil de la cadena. Y pese a que declare que tiene la conciencia muy tranquila, es evidente que la procesión va por dentro. Claro que "ninguna administración, tampoco la Junta, puede alegar desconocimiento de una mina que ocupa casi 100 hectáreas, no es un bar ilegal en una esquina". Precisamente por eso. Él no sólo tenía conocimiento de la existencia de esa explotación, sino que durante años sostuvo que todo era legal. Y así lo ratificó ante el juez. Y prevaricar, es faltar a sabiendas a la obligación del cargo que se desempeña. Guillermo Murias cometió una infracción en el ejercicio de sus deberes. Responsabilizar a la Junta y a Victorino Alonso es una estrategia de defensa muy endeble.

Si cualquier otro vecino hubiera actuado al margen de la Ley y con tanto descaro, seguro que el señor alcalde no se lo hubiera tolerado. ¿Por qué entonces no hizo cumplir la Ley en este caso? Esa es la pregunta que sistemáticamente se niega a contestar. Pero tarde o temprano tendrá que contestarla. Porque este asunto no ha hecho más que empezar. Hasta ahora, unos y otros se lo han venido tomado a chirigota, pero las diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía están en marcha.

Y este no será el último devaneo de Murias con la Justicia. También tiene pendiente otra investigación por posibles delitos contables. Y si nadie lo remedia, también acabará teniendo que responder por esos 72.000 euros que por su veleidad ha tenido que desembolsar el consistorio por el caso Fonfría. Y aún habrá que esperar y ver lo que se encuentra el próximo equipo de Gobierno, pues después de todo lo que se va conociendo, cabe ponerse en lo peor.

El ayuntamiento de Villablino es un completo desastre en todos los ordenes. La irresponsabilidad y la incompetencia de los actuales gestores es innegable. No sólo porque lo diga el Tribunal de Cuentas, sino porque el desastre salta a la vista. No se llega a una situación de bancarrota de la noche a la mañana. A ningún ayuntamiento le cortan el suministro eléctrico por el impago de una mensualidad, pero sí por más de 200 millones de las antiguas pesetas de deuda.

Pero volviendo al caso de la investigación abierta por la Fiscalía, las partes implicadas tienen sobrados motivos para no estar tranquilas. De manera, que esa aparente tranquilidad que unos y otros exhiben es pura teatralidad. Hay que guardar la compostura y más en período electoral. Pero en Laciana, el que más y el que menos, ya no comulga con ruedas de molino. Ni siquiera los más incondicionales. Laciana no puede seguir así y lo sabe hasta el lucero del alba.

Lo dicho, sin han prevaricado o no lo dirá la Justicia.

 
  
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