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Una
zona protegida de Ávila sufre la destrucción de más de 3.000 árboles con
el consentimiento de las administraciones
El
País 15/10/2006
Cayeron 3.000 pinos. Talados impunemente en un refugio protegido de
cigüeñas negras en la sierra de Ávila. Un constructor, con permiso y
apoyo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués, inició la tala para levantar su urbanización pese a que el
Tribunal Superior de Justicia lo había impedido. Su objetivo, construir
en el espacio protegido 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de
35.000 pinos. Así se gestó uno de los mayores atentados ambientales de
España, según los ecologistas, y en cuya tramitación se observa un
acuerdo total entre las administraciones y el promotor años antes de
iniciar los trámites ambientales.
Nada podía salir mal. Nadie podía paralizar la Ciudad del Golf, una gran
urbanización en un bello pinar de la sierra de Guadarrama, en Ávila pero
pegado a Madrid. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez,
del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión
Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve
millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de
pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era suficiente: la
Junta podía frenar la urbanización, así que ésta entró en la operación.
Y
lo hizo sin problemas. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige
Carlos Fernández Carriedo, entró con el 20% de la sociedad pública
Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la
Diputación, el 10%. En 2001 buscaron a un constructor para urbanizar el
pinar. Según un acta del consejo de administración, "a principios de
julio se tuvieron los primeros contactos con una empresa levantina
interesada en la adquisición de los terrenos para la construcción de un
campo de golf, un hotel y viviendas". Tal empresa, Residencial Aguas
Nuevas, firmó con Montes de las Navas un documento en el que la primera
mostraba "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157
millones de euros". Aguas Nuevas es propiedad de Francisco Gómez,
El Paloma, constructor alicantino y presidente del
Cartagena Club de Fútbol. Un consejero de la empresa dijo que había
contactado con Vallehermoso y Reocisa, entre otras promotoras, y que no
estaban interesadas en la operación.
En
ese momento, 26 de noviembre de 2001, intervino un hombre clave,
Sebastián González, número dos del PP de Ávila, presidente de la
Diputación y de Caja de Ávila y hoy secretario de organización del PP.
Éste preguntó "si no sería conveniente ralentizar el proceso de la venta
de los terrenos pidiendo informes de viabilidad urbanísticos y
medioambientales". El alcalde se opuso, preocupado por "si se retrasa el
proyecto, se promueve licitación pública y la empresa considera que es
una maniobra y no mantiene su oferta". No quería sacar a subasta el
solar público, sino vendérselo directamente a la empresa con la que lo
pactó. Así, altos cargos de la Junta y el Ayuntamiento decidieron la
edificabilidad de un suelo de alto valor ecológico y se comprometieron a
urbanizarlo antes de iniciar los trámites ambientales. Pérez
explicó la semana pasada que "todo el mundo estaba de acuerdo con la
operación", que los campos de golf previstos son "buenos para el monte,
ya que se trata de zona verde" y que él quería crear "un pulmón verde"
con los chalés y el golf, y crear empleo.
Al
final, el solar salió a subasta y, lógico, se lo quedó la empresa que
diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales
el municipio sólo había recalificado la mitad). Más del doble pero casi
el mismo precio, como una oferta del dos por uno. Corría febrero de 2002
y en julio, cuando se firmó la escritura, el constructor introdujo una
cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años,
la empresa pública le indemnizaría. Nada podía ir mal.
Como estaba pactado, la declaración de impacto ambiental salió antes de
cumplirse dos años de la escritura. La Consejería de Medio Ambiente
autorizaba talar 35.000 pinos maduros, a cambio de reforestar una
superficie similar y urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra
a cambio de financiar estudios sobre ésta.
Pero fue mal. Un vecino enfadado porque no le recalificaron un terreno
fue a los tribunales y, contra todo pronóstico, el Tribunal Superior de
Justicia le dio la razón a él y un varapalo a la Administración. Por
urbanizar un monte en vez de la zona a reforestar, contravenir el
decreto autonómico de protección de la cigüeña negra e ignorar las leyes
ambientales en un proyecto sin interés público. Pero como el vecino no
iba a pedir que se ejecutara la sentencia (si lo hiciera su finca
quedaría protegida) el fallo quedó en el limbo. El Paloma
aprovechó y comenzó a talar. Así, si algún día tenía que ejecutar la
sentencia, sería imposible porque no habría pinar.
Sólo la actuación de los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife, Amigos
de la Tierra o WWF/Adena, entre otras asociaciones, sirvió para frenar
la tala. Eso y que el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher,
recordó al alcalde que podía incurrir en responsabilidades penales si no
hacía cumplir la sentencia. Ayer, además, cerca de 400 vecinos se
manifestaron en contra del desaguisado. Eso ha salvado, de momento, el
pinar. De momento: El Paloma ya dijo que cuando todo se calme
puede volver a la tala.
El
impulsor
El
alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del Partido
Popular, fue el principal impulsor de la urbanización en un pinar
protegido.
El valedor
La
Junta de Castilla y León y su consejero de Medio Ambiente, Carlos
Fernández Carriedo, del PP, autorizaron talar 35.000 pinos en un
refugio de la cigüeña negra.
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