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 SANCIÓN
DE 800.000 EUROS PARA UN EJEMPLAR EMPRESARIO MUY AMIGO DE LOS
SOCIALISTAS
16/11/2009
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en su auto 923/09 del pasado 23
de octubre, requería al titular de las consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, para que en en plazo de un mes incoara
expediente sancionador contra MSP por las irregularidades cometidas en
la explotación ilegal de El Feixolín. En el mismo auto, también
se requiere al titular de la Consejería de Economía y Empleo para que en
ese mismo plazo, incoe expediente de caducidad de la explotación minera.
Pues bien, según hemos podido saber de fuentes de toda solvencia, desde
hace unos días, Victorino Alonso tiene en su poder la
resolución de la Consejería de Medio ambiente.
800.000 euros de multa.
Esa es la cuantía que deberá abonar el ejemplar empresario minero, por
toda la burla que ha hecho de la legalidad. Una multa que debería llevar
aparejada la asunción de responsabilidades políticas por parte de todas
esas autoridades y funcionarios públicos, sin los cuales jamás
Victorino Alonso hubiera podido hacer todo lo que ha hecho. Su
actitud ha sido, como mínimo, presuntamente prevaricadora. A sabiendas,
unos han dictado resoluciones injustas y otros, han mirado siempre para
otro lado. El Fiscal anticorrupción debería interesarse por este asunto.
Es probable que tirando del hilo de este ovillo pueda tejer más de un
traje con el que vestir a más de un presunto corrupto.
Esta sanción vuelve a demostrar el impúdico e indigno
comportamiento de unos representantes públicos, que sabiendo todo lo que
saben, se comportan como si nada supieran. Victorino Alonso es un
individuo que desde hace muchos años, tanto en el plano personal como
empresarial, viene siendo noticia por sus continuos devaneos con la
Justicia por la comisión de una retahíla de presuntos delitos de diversa
índole. Su conducta no es en modo alguno ejemplar. Y ese extremo,
cualquier representante público tiene que tomarlo muy en consideración.
Pues no debe jamás olvidar que, ante todo, es un garante del
cumplimiento de la legalidad. Los diversos alcaldes del ayuntamiento de
Villablino que han avalado estas conductas, no nos merecen la menor
consideración. Del mismo modo que tampoco nos la merecen los diversos
delegados territoriales y funcionarios de la Junta en León que, con sus
silencios o retorcidas resoluciones, han hecho posible que durante más
de una década este empresario haya estado impunemente campando en la
ilegalidad. A una situación de esta naturaleza, en un Estado democrático
y de Derecho, se le llama corrupción política y administrativa.
Naturalmente, la insigne senadora socialista y
alcaldesa de Villablino - en sus ratos libres - Ana Luisa Durán,
de todo esto no dirá ni media palabra. Un asunto de tan poca enjundia no
tiene el menor interés para la ciudadanía, por eso no convocará a su
coro mediático. A todos ellos se les ve el plumero a la legua. Y
probablemente aún nos quede mucho que ver. Al tiempo.
Diego
López Garrido también bajo sospecha
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