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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rebajado
considerablemente la pena solicitada por el Fiscal contra Victorino
Alonso. De los tres años de prisión solicitados, el tribunal sólo le
ha impuesto dos meses de arresto mayor y multa de 81.000 euros, con
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito
oficial e incentivos fiscales durante un periodo de tres años. El fallo
recoge además una suma de 161.855 euros en concepto de responsabilidad
civil.
De todos modos ha quedado acreditado que el singular empresario ha
cometido un fraude a la Hacienda Pública. Y este es sólo el principio de
un rosario de sumarios que tiene pendientes y por los que la Fiscalía
solicita 30 años de cárcel y multas multimillonarias. Ya veremos si es
capaz de escurrirse entre las mallas de la Justicia como hasta ahora. De
momento, ya le han caído dos meses de arresto mayor, aunque sus abogados
nos cuenten «que la sentencia es muy similar a la que se aplica a
cualquier riña entre vecinos». Sin embargo, ya han anunciado que la
recurrirán ante el Tribunal Supremo.
Este modélico empresario que se jacta de ser amigo del presidente del
Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se está convirtiendo en
un lastre para una determinada clase política. Hoy los Villalba,
Martínez, Durán, Murias y el resto, tienen motivos
más que suficientes para reflexionar sobre su actitud. Todos ellos, en
mayor o menor medida, han amparado ciertas conductas de este singular
empresario y tarde o temprano sus nombres acabarán figurando en algún
sumario. Máxime, si se confirma que el Fiscal Anticorrupción abre una
investigación sobre las prácticas empresariales de Victorino Alonso.
Desde luego, materia es la que sobra.
Tampoco sus amigos del PP deberían dormir a pierna suelta. En todo lo
relacionado con las ilegales explotaciones a cielo abierto, más de uno
también tendrá que justificar su conducta. Y por si todo esto fuera poco
aún queda Europa, donde tendrán que explicar las razones por las cuales
todo el expediente relacionado con este empresario ha sido declarado
secreto. Prueba evidente de que los tentáculos del poder económico son
muy alargados. No en vano, afirmaba recientemente un eurodiputado del PP,
que tratándose de Victorino Alonso, todo era excesivamente
complejo. Lo que traducido significa que goza por igual de la protección
del PSOE y del PP.
Ahora lo que tienen que averiguar los jueces, son las razones de esa
protección. Y probablemente la financiación irregular de los partidos
políticos tenga algo que ver. Porque Victorino Alonso es de los
que sabe que no se puede apostar sólo por un caballo ganador. Haciendo
buena la máxima de Pío Cabanillas, de no sé quien ganará, pero
ganaremos.
En todo caso, la sentencia dictada por la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial, aunque benigna no deja de ser significativa. El
fraude ha quedado acreditado y el reo tendrá que pagar por ello. Hoy
Victorino Alonso ya no es un presunto delincuente, sino un
delincuente con todas las de la ley. Por lo menos hasta que el Tribunal
Supremo no resuelva sobre el recurso que se anuncia.
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