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Ya empezamos a
marear la perdiz. Ahora resulta que el expediente sancionador que se le
ha instruido a MSP, tiene goteras. Vamos, que no está tan herméticamente
cerrado e impermeabilizado como se creía. Y todo por culpa de la Junta,
que según el alcalde, no quiere implicarse en el tema.
El regidor nos
cuenta que desde Valladolid no le envían los papeles que ha pedido. Y
sospecha que pretenden dejarlo solo ante el peligro. O sea, que ya
estamos echando balones fuera como de costumbre. El caso es exculparse y
embrollarlo todo para no asumir ninguna responsabilidad. Pero en esta
ocasión escabullirse resultará harto difícil.
En este complejo
asunto la física tiene mucha importancia. Al final la cadena se romperá
por el eslabón más débil. Es decir, el ayuntamiento. Por ser la primera
institución que tenía que haber actuado en defensa del cumplimiento de
la legalidad. Y no sólo permitió que ésta fuera pisoteada, sino que
colaboró muy activamente dándole carta de naturaleza a la infracción que
ahora se pretende sancionar.
El ayuntamiento de
Villablino, a sabiendas de que en El Fexolín se estaba cometiendo una
grave irregularidad, suscribió varios convenios con MSP. En cumplimiento
de los cuales, percibió importantes cantidades de dinero. Del que una
parte ni siguiera transitó por las arcas municipales. Fue administrado
por una ficticia Junta Vecinal.
La MSP, por vía de
prensa, ya le ha enviado el primer mensaje al alcalde. Ojo porque usted
no está limpio de polvo y paja, le vino a decir. Que ha firmado y hemos
pagado para explotar. Y ahí está el nudo gordiano de este espinoso
asunto.
Habrán observado
que Murias se desgañita asegurando que la sanción la impone por
mandato judicial. Vamos, que está obligado. ¿Cómo justificará cuando
llegue el momento, que la infracción objeto de sanción se cometió de
mutuo acuerdo? Porque ese va a ser el argumento de defensa más
contundente que utilizará MSP. Efectivamente, he podido cometer un
cúmulo de irregularidades, pero solamente porque en primera instancia el
ayuntamiento me dio luz verde para explotar. La Junta intervine salvado
este primer escollo. Y aunque tampoco está limpia de polvo y paja, hará
valer que el ayuntamiento de Villablino jamás planteó ninguna objeción
ante las pretensiones de MSP. Al contrario, Murias personalmente
tuvo una participación muy activa para que se explotara El Feixolín. Y
sino que se lo pregunten a los vecinos de Orallo. Pueblo al que acudió
para persuadir a los vecinos de que depusieran su actitud en contra de
la explotación. Contraviniendo así un acuerdo anterior adoptado
mayoritariamente por los vecinos. Además, siempre ha manifestado que las
explotaciones a cielo abierto eran necesarias y complementarias para el
mantenimiento de la actividad minera. De ahí su insistente justificación
sobre los motivos que lo han llevado a tramitar el expediente
sancionador.
Murias
no ignora que
el epicentro del conflicto es el ayuntamiento. Y por ende él. Sus
argumentos de defensa son de lo más endeble. Durante ocho años negó
impertérrito que en El Feixolín se estuviera cometiendo ilegalidad
alguna. Incluso declaró ante el juez que la explotación contaba con
todas las autorizaciones pertinentes. Y de no haber sido por la
certificación de Ángel Crespo, acreditando que todo era ilegal,
aún seguiría engañando a la opinión pública.
El alcalde se
reunió y negoció con Victorino Alonso la comisión del mayor
delito urbanístico y ecológico que ha padecido Laciana en toda su
historia. Y negarlo a estas alturas es tomarle el pelo a la ciudadanía.
Pero como ya estaba muy atrapado, la rectificación fue imposible. Por
eso fue el primero en plantear el famoso incidente de ejecución de
sentencia. Un recurso obligado para intentar salvar su propia
responsabilidad. Pero de nada ha servido, salvo para que MSP siga
amplificando la magnitud del desastre y obteniendo colosales beneficios.
Sin embargo, la sentencia es firme y de ella cuelga el expediente
sancionador por la infracción cometida. Esos 170 millones de euros van a
traer mucha cola y más de un dolor de cabeza para alguno. Porque al
menos NARSIL y Los Verdes, no están dispuestos a que el tema se
convierta en una operación de propaganda electoral.
La solicitud de
embargo preventivo de los bienes de MSP se impone como primera medida.
El resto de las actuaciones están perfectamente estipuladas en la ley.
De manera que ya está bien de marear la perdiz. Si el expediente
sancionador no está bien cerrado, alguien tendrá que asumir
responsabilidades por la chapuza. Y si La Junta quiere pasar de
puntillas, tampoco es asunto de la ciudadanía. Lo único que a todos nos
interesa, es que se depuren todas las responsabilidades desde el inicio
de este incalificable desastre.
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