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Como se
recordará, la socialista Ana Luisa Durán tuvo que abandonar la Alcaldía
el pasado 21 de octubre de 2005, al haber prosperado la moción de
censura suscrita por los grupos políticos de IU y del PP.
Una
moción de censura que tiene su origen en la firma, el pasado 10 de
junio, de un convenio de colaboración entre la empresa Minero
Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y el ayuntamiento de Villablino.
Dicho
convenio - aún vigente, pese a lo prometido por el nuevo Equipo de
Gobierno – contempla la concesión de cinco nuevas explotaciones de
carbón a cielo abierto. Sin embargo, como hemos subrayado, su firma le
costó el cargo de alcaldesa a Ana Luisa Durán.
Naturalmente, la ex alcaldesa en ningún momento intuyó que su actuación
tendría las consecuencias que tuvo. Esencialmente, porque algunos de sus
antecesores en el cargo habían firmado convenios de similar naturaleza y
jamás había ocurrido nada alarmante. A lo sumo, algunas reacciones
contrarias, pero siempre de baja intensidad.
Pero en
esta ocasión la protesta adquirió mayores proporciones. Principalmente
debido al acto de protesta organizado por Los Verdes, con motivo de la
inauguración de los cursos de verano de la Universidad Carlos III y
posteriores actuaciones.
Ese 11
de julio, a la concentración de Los Verdes se sumaron cientos de
lacianiegos, para expresar sonoramente su oposición a la destrucción
masiva y abusiva del patrimonio natural de la comarca.
Nadie a
estas alturas tiene ya la menor duda de que, sin aquella bulliciosa
protesta, el convenio en cuestión, al igual que los anteriores, habría
pasado a la historia sin pena ni gloria.
Exactamente como pasó el firmado por el actual alcalde, Guillermo
Murias, el día 1 de agosto de 2001.
Un
convenio que sólo se diferencia del firmado el 10 de junio de 2005, en
el número de explotaciones concedidas. En todo lo demás, los dos se
parecen como dos gotas de agua.
Los dos
son igual de leoninos para el interés general. Igual de falaces. Pues
existen sobradas muestras de experiencias anteriores, para constatar que
MSP jamás ha cumplido lo pactado.
Ni en
materia de ocupación de los espacios concedidos, ni de restauración, ni
de recuperación de los acuíferos destruidos, ni de depuración de aguas,
ni de recolocaciones, ni nada de nada. Basta con darse una vuelta por
esas explotaciones para comprobar el lamentable estado de degradación en
el que están esos parajes. O simplemente, por la galería fotográfica de
esta Web.
Pero si
en materia medioambiental el panorama es desolador, tampoco lo es menos
en el plano estrictamente laboral. Abandono incesante de la minería de
interior, perdida de conquistas sociales, castigos y humillaciones de
los trabajadores del cielo abierto etc.
Estos
últimos, además de realizar su trabajo en condiciones laborales extremas
y tener contratos y sueldos basura, están sometidos a toda clase de
humillaciones. Y todo ello a sabiendas de las centrales sindicales. Que
incomprensiblemente mantienen un silencio sepulcral. Lo que no deja de
ser una singular forma de respaldar la política empresarial de Victorino
Alonso.
Desde
hace meses, Los Verdes venimos insistiendo en que Ana Luisa Durán, sólo
ha sido la mecha que ha hecho estallar este polvorín. Antes que ella,
otros con su pasividad cuando no con su complicidad, crearon las
condiciones objetivas para que el empresario se haya ido adueñando
progresivamente del patrimonio natural de los lacianiegos y hasta de su
propio destino.
Jesús
Fernández, Pedro Fernández y Guillermo Murias, son sin lugar a duda, los
principales responsables de esta situación – en todos los órdenes – que
hoy vive Laciana.
Por
conveniencia personal – los tres han sido cómodos asalariados de MSP –
por desidia o por incapacidad, los tres han colaborado estrechamente con
una empresa que jamás ha mostrado el menor respeto por la Ley y sí por
la práctica del chantaje odioso y desmesurado.
Cuando
no esgrime el chantaje del expediente de regulación de empleo, amenaza
con el boicot a ciertos establecimientos comerciales de la comarca si se
posicionan en contra de sus planes. Victorino Alonso ha logrado imponer
un régimen de terror – salvando las distancias – comparable al que
imponía el régimen de la dictadura en los años 60.
Muy
pocos son aquellos que hoy se atreven a expresar en público sus
opiniones, por temor a que cualquier esquirol le lleve inmediatamente el
recado al Tascón de turno.
Así está
hoy el otrora “valle de la libertad”. Sumiso, desesperanzado y amenazado
de ruina inminente. Porque muchos de nuestros gobernantes han optado por
la sumisión en vez de optar por la dignidad y el interés general. Eso
sí, si repasamos la situación personal de cada uno, inmediatamente
comprobamos que en el plano personal, a ellos es a los que mejor les va.
En eso han convertido la política, en un sindicato de intereses.
A la
ciudadanía se la mantiene cuidadosamente al margen de todo. Mientras
menos conozca los entresijos de toda esta tramoya, menos posibilidades
tiene de reaccionar. Es mejor tenerla entretenida con proyectos de
autovías fantasmas, o con reuniones del no menos fantasma Consejo
Económico y Social. De esa manera se intenta que nadie escudriñe en el
desaguisado interno del ayuntamiento.
Una
institución cada vez más desprestigiada. A la que le cortan el
suministro eléctrico por falta de pago, que no es capaz de hacer cumplir
las resoluciones judiciales, que tiene la deuda más importante de toda
la Comunidad y así un largo suma y sigue.
Los
próceres municipales están mucho más preocupados por la próxima
contienda electoral, que por el quehacer diario que su cargo les exige.
Ninguno de ellos, sin embargo, parece estar dispuesto a debatir
públicamente sobre la realidad de Laciana. Por algo será.
Lee o
descarga el convenio firmado por Guillermo Murias y Juan Antonio Martín
en agosto de 2001. Y sobre todo, el PROTOCOLO DE INTENCIONES. Si
encuentras el rastro de los 5.000.000.000 de pesetas que se prometieron
para inversiones nos avisas. Porque nosotros lo estamos buscando desde
hace tiempo, pero hasta ahora sin éxito.
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