|
1º)
Como se recordará, el pasado 10 de junio de 2005, la ex alcaldesa
socialista, Ana Luisa Durán y el Presidente del Consejo de
Administración de MSP, Victorino Alonso, firmaron un convenio por el que
se le otorga al empresario la concesión de explotación de cinco nuevas
cortas a cielo abierto.
2º)
Ante la protesta general de la ciudadanía, el grupo de concejales de IU
solicita la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la
Corporación Municipal para debatir y derogar el citado convenio.
3º)
Ante la negativa de la ex alcaldesa, la Secretaria del ayuntamiento
convoca de oficio dicha sesión, que se celebra el 18 de julio de 2005.
En el transcurso de la misma, la ex alcaldesa ordena el desalojo del
público asistente y prohíbe a la oposición que ejerza su derecho de
voto. Consiguientemente, no se adopta ninguna resolución y el convenio
sigue en vigor. La ex alcaldesa se ampara en un extenso y farragoso
informe de los servicios jurídicos, que afirma que sólo el mismo órgano
que en su momento produjo el acto administrativo puede proceder a su
revocación. Es decir, la Alcaldía-Presidencia.
4º) El
21 de octubre se produce un cambio de Equipo de Gobierno al prosperar la
moción de censura suscrita por IU y PP. Sin embargo, pese a las promesas
efectuadas por los dos partidos, al día de hoy el convenio sigue en
vigor.
5º)
Recientemente, el ayuntamiento ha entregado a diferentes Juntas
Vecinales un documento, presumiblemente elaborado por sus servicios
jurídicos, que ha de servir de modelo para la presentación de
alegaciones al citado convenio. Los mismos servicios que el pasado 18 de
julio afirmaban que el convenio era prácticamente inderogable hoy
afirman todo lo contrario.
A tenor
de todo lo anterior, no ofrece duda de que el convenio sigue vigente. Y
todo parece indicar que el Equipo de Gobierno volverá a tratar de nuevo
el asunto. Lo que no sabemos todavía es la fecha exacta. En cambio, todo
hace presagiar que si derogación hay, será amparándose en las
alegaciones que formulen las Juntas Vecinales y eso no es exactamente lo
que se había prometido.
Además,
es conveniente diferenciar dos aspectos fundamentales. Es evidente que
las Juntas Vecinales son las administradoras de los Montes de Utilidad
Pública y que sin su consentimiento nada se puede hacer. Pero no es
menos cierto, que tampoco sin las correspondientes autorizaciones
municipales se puede seguir adelante.
Cabe
preguntarse, pues, ¿Qué pretende el Equipo de Gobierno? ¿Acaso está
dispuesto a informar favorablemente aquellos expedientes que cuenten con
la bendición de una Junta Vecinal? Por ejemplo, la de Caboalles de
Abajo.
En todo
caso y sin prejuzgar actuaciones futuras, Los Verdes reiteramos que
libraremos cuantas batallas, legales y de otro tipo, sean necesarias
para impedir que se consume una nueva tropelía.
En ese
sentido, suscribimos en su totalidad el escrito de alegaciones
presentado por la Junta Vecinal de Sosas de Laciana. Que con muy buen
criterio ha huido de los farragosos e incomprensibles escritos
“elaborados a medida” por los servicios jurídicos del ayuntamiento, para
expresar con toda claridad la voluntad política de un pueblo. Justo todo
lo contrario de lo que está haciendo el actual Equipo de Gobierno, que
lleva siete meses dándole vueltas al mismo tema. ¿Dónde está esa
supuesta firmeza que se proclamaba desde la oposición? La velocidad se
demuestra andando y en este tema como en otros muchos, el ayuntamiento
sigue parado.
ALEGACIONES FORMULADAS POR LA
JUNTA VECINAL DE SOSAS AL CONVENIO
| 
