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Pacifistas como
Martin Luther King o Gandhi afirmaron que “La desobediencia civil
es un derecho imprescriptible de todo ciudadano”. Pero en realidad,
el padre de este concepto fue el americano Henry David Thoreau,
hace ya más de siglo y medio.
En varios países,
incluido el nuestro, grupos de mujeres, públicamente y a rostro
descubierto, afirmaron haber abortado cuando la interrupción del
embarazo era ilegal. Con estos actos de desobediencia civil, lo que en
realidad hacían era reivindicar una ley del aborto.
Dicho de otro
modo, un movimiento de desobediencia civil lo que persigue es la
consecución de un objetivo. En algunos casos, puede tratarse también del
cuestionamiento de la propia Ley.
La consecución de
ese objetivo, para quienes desafían las normas establecidas entraña,
casi siempre, determinados riesgos que hay que asumir. Como por ejemplo,
sanciones económicas.
Pero éstas pueden
verse considerablemente aminoradas o incluso no llegar a existir, en
función del número de gentes que desafíen la norma establecida.
Un ayuntamiento no
reaccionará de la misma manera contra un individuo que contra mil. Y en
Laciana, los mineros saben mucho de eso. Y sino que se lo pregunten a
quienes en reiteradas ocasiones han participado en los numerosos cortes
de carreteras que han tenido lugar en los últimos veinte años.
Las condiciones y
límites de la desobediencia civil puede ser un interesante debate. Y más
en Laciana, donde la Ley y las instituciones parecen estar al servicio
de un empresario y en contra de la mayoría de los ciudadanos.
Victorino Alonso
destruye con sus ilegales explotaciones de carbón a cielo abierto el
patrimonio natural de los lacianiegos. Tala indiscriminadamente los
montes. Abre pistas sin autorización. Y convierte a toda la comarca y su
entorno, en un incesante trasiego de camiones que van y vienen
incumpliendo la normativa en materia de transporte terrestre de
sustancias contaminantes.
Y frente a tanta
arbitrariedad, ¿qué hacemos los ciudadanos? En el mejor de los casos,
quejarnos en nuestro entorno más reducido. En el peor, nada de nada.
Pues bien, Los
Verdes consideramos que ha llegado el momento de poner en marcha un
movimiento de desobediencia civil, que muestre con claridad la realidad
de esta tierra y la actuación de los poderes públicos. Que muestre la
connivencia que existe entre el poder político y el poder del dinero.
Naturalmente,
también en esta ocasión al igual que en todas las anteriores, Los Verdes
asumiremos todas las responsabilidades que puedan derivarse de una
acción de esta naturaleza. Incluidas las críticas, que como es habitual,
nos lloverán de los sectores más conservadores e inmovilistas de la
sociedad lacianiega.
La desobediencia
civil, en este caso, expresará nuestro rechazo al sometimiento ante el
abuso. En suma, que protagonizaremos actos de higiene democrática, al
igual que lo hizo Henry David Thoureau en 1849, negándose a pagar
el impuesto destinado a financiar la guerra de su país contra Méjico.
Cometeremos
infracciones conscientes e intencionadas. Trataremos de que éstas tengan
vocación colectiva y pacifica. Porque así es como se manifiesta la
desobediencia civil.
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