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Sabíamos desde hace días que la sección de medioambiente
del diario EL PAÍS estaba sobre el tema, pero sólo ayer nos hemos hecho
eco para no reventar la noticia. Tal y como anunciábamos en la Mirilla,
al final todo se desarrolló como previsto. Esta misma mañana, los
informativos de la cadena SER difunden ampliamente la noticia y EL PAÍS
abre a dos columnas en portada, dedicándole íntegramente la página 32. Y
esto es sólo el principio.
Las irregularidades cometidas por MSP en El Feixolín, con
la aquiescencia del ayuntamiento de Villablino y la Junta de Castilla y
León ya son noticia nacional, por la cuantía de la sanción que se
propone. La mayor que se ha impuesto en este país por una infracción
medioambiental. 170 millones de euros.
En el pleno extraordinario celebrado esta misma mañana en
el ayuntamiento de Villablino, la portavoz socialista, Ana Luisa
Durán, aparentemente muy enojada, se quejaba amargamente de
enterarse de la noticia por EL PAÍS. Nada más falso. Desde el pasado día
4, en esta página se vienen colgando una serie de artículos sobre el
tema. De los que tanto la radio local como un periódico provincial se
han hecho eco. Aunque en ocasiones haya sido para descalificarlos. La
disparatada suma que adelantábamos, según algunos, se ha quedado incluso
corta. Ya veremos a ver si ahora en un ejercicio de deontología tienen
el valor de rectificar.
Nadie en su sano juicio debió imaginar que esa cifra era
pura invención de Los Verdes. No somos tan frívolos como algunos quieren
pintarnos. Pero esto no ha hecho más que empezar. Este expediente va a
salpicar a más de uno. Y las responsabilidades que de él puedan
derivarse no afectarán sólo a Victorino Alonso.
El alcalde Guillermo Murias a buen seguro que va a
tener que responder de sus actos. Él ha permitido, tolerado y amparado
que esta explotación se desarrollara ilegalmente durante 11 años.
Incluso llegó a cometer un posible delito de perjurio, declarando ante
el juez que el Feixolín contaba con todas las autorizaciones
pertinentes. El asunto aún no ha sido archivado. También fue el primero
en recurrir la sentencia de paralización y cierre de la explotación. Y
ahora no se puede escudar en que pidió amparo al Delegado del Gobierno y
a la Junta de Castilla y León. Una cosa nada tiene que ver con la otra.
Algún responsable de La Junta de Castilla y León también
puede acabar teniendo más de un dolor de cabeza. Ya veremos a ver lo que
ocurre con las denuncias que recientemente han sido presentadas en la
Fiscalía de Medio Ambiente.
De todos modos, las cosas no son exactamente como las pinta
Murias. Es evidente que MSP recurrirá la sanción, pero eso no
significa que el ayuntamiento se quede de brazos cruzados hasta que
resuelva el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Como medida
cautelar, el ayuntamiento debe solicitar un embargo de los bienes de
MSP. Y de no hacerlo, nos demostrará que no tiene la menor intención de
llegar hasta el final. De manera que habrá que estar muy atento, porque
la ciudadanía ya empieza a estar algo harta de todo este embrollo.
Hemos repetido por
activa y por pasiva, que si Victorino Alonso ha infringido la ley
durante 11 años, es porque el alcalde de Villablino en primera instancia
y también la Junta de Castilla y León se lo han permitido. Ambas
instituciones tienen que ser subsidiariamente responsables de todo lo
sucedido en El Feixolín. Que no nos vengan ahora unos y otros con
monsergas, queriendo tapar el desastre con una sanción. Por
multimillonaria que sea. Los daños irreversibles que se han causado a la
naturaleza y al medioambiente no se pagan con dinero. Lo que en ese
colosal hoyo ha quedado sepultado va a seguir produciendo graves daños
durante muchísimos años. Y como de ese asunto las autoridades locales no
quieren oír ni hablar, es evidente que la próxima corporación tendrá que
abordarlos. Y los ciudadanos pueden estar seguros que se abordarán y se
depurarán responsabilidades. Por eso insistimos en que este asunto no se
cierra, ni mucho menos, con la imposición de esta sanción.
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