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La exigencia deriva del dictamen de
la UE contra España por infracciones en Laciana
Lidia Villa – El Mundo/La Crónica de León (14/06/2206)
La posibilidad de
que la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) pueda disponer de
nuevos cielos abiertos en la comarca pasa por la Unión Europea.
La Junta de
Castilla y León está a la espera de mantener una reunión en Bruselas
para abordar el tema de las nuevas cortas. “Está pendiente que fije
la Unión Europea la fecha para la reunión en Bruselas a la que asistirán
los técnicos de Medio Ambiente de la Junta y veremos lo que se puede
hacer” apuntó ayer en Ponferrada el delegado territorial de la Junta
Eduardo Fernández.
Según explicó
Eduardo Fernández, “nuestra idea es que debemos hacer conciliable,
que debemos encontrar el punto de equilibrio entre la preservación del
patrimonio medioambiental de Laciana con los puestos de trabajo y
esperamos que se pueda hacer así, que los técnicos de Bruselas sean
sensibles a eso”, puntualizó Fernández que espera que a finales de
este mes de junio “podamos tener alguna noticia al respecto”
Como se recordará,
la Unión Europea enviaba, en enero del 2005, un dictamen motivado contra
el Estado Español por infracciones medioambientales de varios
proyectos de minas a cielo abierto en Laciana, una comarca con varias
figuras de protección y se instaba a España a remediar la situación.
Algo que, según
apuntó el pasado abril el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein
no ha sido así y este mismo mes de junio podría haber una decisión
definitiva por parte de la Comisión Europea sobre la denuncia presentada
por los cielos abiertos existentes y los proyectados que podría terminar
“con el asunto en el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo, lo
que implicaría sanciones para España y afectaría a los fondos europeos”
apuntó Hammerstein en el transcurso de su visita a la comarca.
Del resultado de
la reunión de los técnicos de Medio Ambiente en Bruselas dependerá que
la MSP pueda disponer de una nueva corta que vendría a paliar el efecto
negativo que para la compañía supondrá el cierre y abandono de la
explotación a cielo abierto de El Feixolín.
ALLÍ ESTAREMOS
Lo que se puede
hacer está muy claro. Cumplir las sentencias judiciales y las directivas
comunitarias. Algo que el delegado territorial de la Junta en León,
Eduardo Fernández y el alcalde de Villablino, Guillermo Murias
olvidan con relativa frecuencia. Y eso es lo primero que tiene que
saber la Comisión Europea. Por eso Los Verdes tenemos intención de
viajar también a Bruselas y explicarles a los miembros de la Comisión lo
que realmente está sucediendo en Laciana.
Por ejemplo, que
el Informe Motivado no ha servido estrictamente para nada. Puesto
que desde su remisión al Gobierno de España en enero de 2005,
Victorino Alonso ha seguido cometiendo exactamente las mismas
tropelías. Ni disponía entonces de las pertinentes autorizaciones para
explotar a cielo abierto, ni dispone en la actualidad. Pese a lo cual,
sigue explotando a un ritmo endiablado.
La Comisión tiene
que saber igualmente que el singular empresario, con la connivencia de
Eduardo Fernández y Guillermo Murias, también viene
incumpliendo desde octubre del pasado año, todas las sentencias
judiciales (cuatro) dictadas por los Tribunales españoles, en las
que se decreta la paralización inmediata de toda la actividad extractiva
y la restauración de la legalidad.
Y la Comisión
Europea también tiene que saber, que durante más de diez años se han
estado vertiendo unas 200 toneladas anuales de aceites usados en esas
explotaciones. En las que también se han enterrado cientos de toneladas
de chatarra y neumáticos usados. Extremos éstos que, tanto Eduardo
Fernández como Guillermo Murias no ignoran, pero que con toda
seguridad ocultarán a la Comisión.
Como también
ocultarán la desaparición de fuentes e importante y valiosa
biodiversidad de la zona, porque las máquinas de Victorino se lo
han llevado todo por delante.
Tres sujetos, que
por acción u omisión, vienen actuando como auténticos delincuentes
ecológicos. Y eso también lo tiene que saber la Comisión Europea.
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