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En un Estado de
Derecho – y España lo es – el sometimiento al imperio de la Ley es igual
para todos los ciudadanos. Incluido Victorino Alonso. Consiguientemente,
este singular empresario también tiene que acatar las decisiones
judiciales.
Sus continuos
chantajes son inadmisibles. Laciana no puede ser rehén de nadie. Y menos
de quienes la expolian sin escrúpulo alguno. La dignidad de todo un
pueblo tiene que estar muy por encima de cualquier amenaza chulesca y
bravucona, venga de donde venga.
La retención de la
nómina de los trabajadores de MSP, como medida de presión para evitar el
cumplimiento de una decisión judicial es una actitud intolerable, que
refleja con toda nitidez la catadura moral de este empresario.
Los lacianiegos, al
margen de nuestras creencias o posiciones políticas, tenemos la
obligación de reaccionar ante este chantaje. Ahora quizá sí sea el
momento de salir a la calle, para decirles alto y claro a todas las
Administraciones Públicas que no estamos dispuestos a soportar más
humillaciones.
Como es público y
notorio, Los Verdes Europeos de Laciana mantenemos serias discrepancias
con el Equipo de Gobierno Municipal, pero en este caso apoyamos sin
reservas la actuación del alcalde. Entre otras razones, porque se
inscribe en el marco de la Ley. Y, además, porque eso es lo que venimos
exigiendo.
El interés general – o
sea, el de Laciana – tiene que primar sobre cualquier otro. Y aquellos
que lo interpreten de forma diferente, consciente o inconscientemente,
se colocarán fuera del marco legal. Y lo que es peor, contribuirán a
acentuar el declive de esta comarca.
Nadie, ni los
lacianiegos, ni las diferentes Administraciones Públicas, ni el propio
empresario, ignoran a estas alturas que en la explotación de carbón a
cielo abierto de “El Fexolín” se ha estado extrayendo carbón de forma
irregular durante más de una década. Huelga, pues, repetir que la
Justicia no ha hecho otra cosa que reconocer una realidad y ordenar el
restablecimiento de la legalidad.
El empresario también
en esta ocasión falta a la verdad. No es cierto que la competencia del
restablecimiento de la legalidad corresponda a la Junta de Castilla y
León. Y ayer mismo, el Delegado Provincial de la Junta de Castilla y
León, Eduardo Fernández, zanjaba el asunto. Sólo el alcalde puede
decretar la paralización. De manera que ya está bien de embrollos y de
intoxicación interesada.
En este caso, el
alcalde no está agrediendo los intereses de Victorino Alonso. Está
simplemente cumpliendo la Ley. Este extremo tiene que quedar muy claro
para todos los lacianiegos. El único responsable de esta situación es el
infractor. Y en cualquier Estado de Derecho los infractores deben de ser
castigados por la Justicia.
Todos sabíamos que el
singular empresario respondería al decreto de paralización con la
amenaza de un expediente de regulación de empleo. Con el único objetivo
de enfrentar a unos lacianiegos con otros. Su estrategia es
archiconocida, aquí y fuera de aquí. Palentinos, asturianos y leoneses
se conocen su manual del chantaje de memoria.
Por eso no debemos de
asustarnos. Si hay una respuesta masiva de la ciudadanía, con sus
organizaciones políticas, sindicales y asociativas al frente, Victorino
Alonso se verá obligado a replegar velas. Él sabe mejor que nadie que su
emporio minero se sostiene gracias a las subvenciones públicas. Y sabe
igualmente, que las Administraciones Públicas actuarán en función de la
movilización de los ciudadanos.
Si Laciana fue capaz
en su día de movilizarse y dar un ejemplo a este país con su marcha
hacia Madrid, hoy puede hacerlo de nuevo hacia León o Valladolid. Y
entonces será harina de otro costal.
El conflicto actual ya
no es un mano a mano entre el ayuntamiento y la MSP. Es un conflicto que
afecta por igual a todos los lacianiegos y al futuro de este Valle.
Vivimos, pues, un
momento crucial en el que está en juego mucho más que la simple
paralización de la explotación de “El Feixolín”. De cómo seamos capaces
de resolverlo dependerá el propio futuro de la minería de interior y
como es natural, de la propia aplicación del nuevo Plan del Carbón.
Victorino Alonso ha
extraído de “El Fexolín” alrededor de 20.000 millones de las antiguas
pesetas, según sus propios cálculos. Al menos, esos son los que ha
utilizado ante el juez para evitar la paralización. Y los ha extraído
utilizando procedimientos irregulares. De manera, que no le asiste el
menor derecho para exigir que todo siga como hasta ahora.
Y quienes por razones
partidistas o espurias se coloquen al lado de este singular empresario,
han de saber que Los Verdes los combatiremos con todos los medios
legales a nuestro alcance.
Lo repetiremos hasta
la saciedad, en un Estado de Derecho, el sometimiento al imperio de la
Ley, es exactamente igual para todos. También para Victorino Alonso, por
más amenazas y chantajes que esgrima.
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