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La Justicia es
lenta, pero implacable. Los papeles pueden eternizarse en los despachos,
pero una vez que comienzan su andadura ya resulta imposible pararlos. El
alcalde de Villablino, Guillermo Murias y el empresario minero,
Victorino Alonso se las prometían muy felices. Ambos y al unísono
alegaron lo mismo, con la pretensión de que no se ejecutara la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ordenaba la
paralización de toda actividad en El Fexolín.
Pues bien, los dos
acaban de sufrir un nuevo revés judicial. El juez encargo del caso
vuelve a darle la razón a don Antonio Arias Tronco. Consiguientemente,
procede la ejecución de la sentencia dictada en
su día.
De nada les ha servido
a los recurrentes sus pequeñas triquiñuelas. El informe del funcionario
de la sección de minas de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León, Emilio Tuñón, resultó ser lo que todos sabíamos, papel
mojado. Aquí lo hemos subrayado en varias ocasiones, que era un informe
sesgado, plagado de medias verdades y confeccionado a medida del encargo
formulado por el regidor lacianiego.
En fin, algún día el
alcalde debería explicar a los ciudadanos las poderosas razones de su
empecinamiento. Máxime, si como suponemos, todos estos costosos procesos
se acaban cargando al erario público. Los Verdes, entre otros, siempre
hemos considerado que el alcalde cometía un error muy grave recurriendo,
con el único fin de obstaculizar el cumplimiento de la legalidad.
Él, mejor que nadie,
sabía que todas las actuaciones llevadas a cabo durante una década en El
Feixolín eran ilegales. Hoy tiene que asumir plenamente sus
responsabilidades políticas. La dimisión es la única actitud responsable
y coherente que cabe en estos casos.
Pero ante todo, lo que
procede es disponer de inmediato todo lo necesario para que se ejecute
la sentencia y paralizar toda la actividad ilegal en El Feixolín.
Es decir:
- La
pista de acceso por Orallo.
- La
pista de acceso por San Miguel.
- Todas
las bocaminas, balsas, cargues, oficinas y otras infraestructuras en el
Carbachal.
- Exactamente
lo mismo en la zona de La Vela.
- La
explotación de El Feixolín propiamente dicha, así como las escombreras y
otras infraestructuras que se hayan realizado.
En suma, el cierre
total. Porque eso es exactamente lo que implica el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León.
Al alcalde ya no le
queda otra escapatoria que el decreto de paralización. De otro modo
incurriría en un delito que acabaría teniendo aún mayores consecuencias
para él. Esta nueva afrenta que ha infringido a la Institución Municipal
demuestra las disfunciones de un Equipo de Gobierno sin rumbo que está
llevando a Laciana al borde del precipicio en todos los órdenes.
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