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2. Presupuestos
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2.1. ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN
El Presupuesto
general de 1998 se aprobó el 23 de octubre de 1997 y el de 1999 el 4 de
septiembre de 1999, una vez iniciado para éste último su período de
vigencia. Para el año 2000 se prorrogó el presupuesto de 1999, que a su
vez tuvo vigencia para casi todo el ejercicio 2001, ya que el
correspondiente a este ejercicio se aprobó el 14 de diciembre de ese
mismo año.
La falta de aprobación en plazo de los presupuestos
anuales determina automáticamente la entrada en funcionamiento de la
prórroga presupuestaria, prevista en el art.150.6 de la LHL, pero anula
la función del presupuesto como instrumento de planificación y control
de la actividad económica municipal.
Únicamente los
presupuestos de 1998 y de 2002 fueron aprobados con anterioridad al 31
de diciembre del año anterior al del ejercicio que debía aplicarse,
conforme con el art. 150 de la LHL.
Los anexos de personal exigidos en el art. 149.1.c de la
LHL no incluían a todo el personal del Ayuntamiento, por lo que los
créditos iniciales que se consignaban en los presupuestos eran
insuficientes para cubrir el coste total que debía asumirse. Este hecho
motivó que parte de los gastos se reconocieran indebidamente en otros
capítulos presupuestarios, incumpliendo el principio de especialidad
presupuestaria.
Ninguno de los presupuestos aprobados incluía el anexo de
inversiones a realizar en el correspondiente ejercicio, tal y como
exigía el art. 149.1.d de la LHL, impidiendo valorar la coherencia de
los créditos consignados en el presupuesto de gastos con esta finalidad.
La ausencia de planificación de las inversiones repercutió en la
incorrecta financiación de las obras que se acometieron y, además,
determinó que algunas se adjudicasen sin tener la consignación
presupuestaria legalmente exigible.
Por otra parte, en el trámite de aprobación de los
presupuestos de 2001 y 2002 se presentaron reclamaciones por no haber
presentado el preceptivo informe económico-financiero al que hacía
referencia el art. 149.1.e de la LHL y por no haber incluido partidas de
gastos que permitiesen imputar facturas por servicios prestados
pendientes de reconocer y pagar. No obstante, estas reclamaciones no
fueron atendidas y el presupuesto se aprobó finalmente en los términos
inicialmente propuestos.
La elaboración y aprobación del presupuesto municipal
constituye, sin ninguna duda, el acto anual más importante que debe
realizar cualquier corporación. Sin embargo, en el ayuntamiento de
Villablino, a juzgar por lo que conocemos, este trámite casi siempre ha
tenido una importancia secundaria. De ahí la ausencia de planificación y
control de la actividad económica municipal. Y de ahí también la
bancarrota actual.
No se llega por casualidad ni por simples errores de
gestión a acumular una deuda tan colosal. Se llega por incompetencia,
desidia y falta de responsabilidad. La inconsciencia de nuestros
gestores ha sido de tal magnitud que no han dudado en incumplir la ley
en repetidas ocasiones.
Por ejemplo, en ninguno de los presupuestos fiscalizados
por el Tribunal de Cuentas se incluía a todo el personal del
ayuntamiento, ni tampoco las inversiones a realizar. Ni siquiera se
reconocían las deudas. Es decir, que todo ha sido improvisación y mala
gestión. Acumulando así una irregularidad tras otra.
Como por ejemplo, no consignar los créditos suficientes
para abonar las nóminas del personal. Viéndose obligados a detraerlos de
otras partidas, como en el caso de la Piscifactoría de Caboalles de
Arriba. La obra sigue en fase de cimentación, pero las subvenciones
recibidas para su construcción han servido para tapar otros agujeros.
Y como la osadía no tiene límites, hasta se adjudicaban las
obras sin tener garantizada su financiación. Por eso hoy la lista de
acreedores del ayuntamiento es interminable. Para algunos, como el
constructor de las gradas y vestuarios del Polideportivo de Villablino,
la situación llegó a ser dramática. Y después nos venden desde la
izquierda que protegen y ayudan a la pequeña y mediana empresa.
Pero ni siquiera se han parado ahí nuestros magníficos
gestores. No, su arrogancia ha ido todavía más allá, no atendiendo las
reclamaciones presentadas a los presupuestos de 2001 y 2002. Algo
realmente tan insólito como irresponsable.
De todas estas barbaridades, no sólo el Equipo de Gobierno
es responsable, la oposición también tiene una parte muy importante de
culpabilidad por no haber desempeñado correctamente su labor.
¿Cómo es posible
que nadie se percatara de todas estas irregularidades que ahora se
reflejan en el Informe del Tribunal de Cuentas?
¿En qué ha
consistido su labor de fiscalización y control?
¿Cómo es posible
que ni siquiera se dieran cuenta de que en los anexos de personal no
figuraba la totalidad de la plantilla?
¿Cómo es posible
que tampoco hayan constatado que las obras se adjudicaban sin tener
financiación?
¿Cómo es posible
que no exigieran el listado de acreedores? De haberlo exigido, habrían observado que en muchos casos
no se reconocían las deudas pendientes. Y por supuesto, habrían
constatado que tampoco se pagaban.
En estas circunstancias es lógico que los portavoces del
PSOE y del PP hayan tratado de minimizar el alcance del Informe del
Tribunal de Cuentas. Porque cualquiera que tenga una mínima noción sobre
el funcionamiento de un ayuntamiento, sabe perfectamente que si el
Equipo de Gobierno se lleva la peor parte, ellos tampoco se van de
rositas. Unos por acción y otros por omisión, todos son culpables de la
bancarrota del ayuntamiento.
Todos ellos tienen el dudoso honor de haber contribuido a
situarnos en el primer puesto del endeudamiento municipal en Castilla y
León y en el quinto del país. ¡Casi nada!
Eso sí, unos y
otros siguen vendiendo un futuro que nunca llegará, por lo menos
mientras el presente siga siendo tan caótico y ellos sigan pilotando la
nave municipal. Para muestra ya ha bastado un botón.
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