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19/08/2006
Efectivamente, Marbella y Laciana están en las antípodas en casi todo
menos en el desaguisado político. Allí se compraban voluntades políticas
y se especulaba con el suelo para construir ilegalmente y aquí ocurre
casi lo mismo, pero con el carbón.
En Marbella los
concejales estaban prácticamente en nómina de las promotoras
inmobiliarias y en Laciana lo están en la de MSP. O a sueldo de
Victorino que es lo mismo. De hecho, el Tribunal de Cuentas
subraya en su informe que, con motivo de la firma del convenio suscrito
en el año 2001 entre MSP y el ayuntamiento de Villablino, varios
concejales asalariados de la empresa tomaron parte en ese acuerdo.
Infringiendo así la ley. O sea, que tanto allí como aquí la ley tiene
para algunos el mismo valor. Es decir, ninguno.
Eso sí, aquí
todavía nadie ha ido a la cárcel, pero vaya usted a saber lo que el
destino les depara a algunos de nuestros ediles. Seguro que más de uno
estará en vilo hasta que se conozca el resultado y las conclusiones de
la Comisión Mixta Congreso Senado, encargada de pronunciarse sobre el
Informe del Tribunal de Cuentas. Si se acuerda que dichas conclusiones
sean remitidas de oficio a la Fiscalía anticorrupción que los implicados
se pongan en lo peor. Pero, en fin, no adelantemos acontecimientos.
En Marbella ha
quedado evidenciado que la compra de voluntades era una constante y aquí
probablemente sólo sea una excepción. Pero de confirmarse el resultado
será el mismo.
Un empleado
municipal - cuya identidad omitiremos por el momento - hasta hace bien
poco presumía de disponer de datos muy comprometedores para el actual
alcalde, Guillermo Murias. En los que al parecer quedaba
acreditada la compra de un concejal del PSOE en el mandato 1995-1999. Y
ello para desbaratar una moción de censura que planeaba sobre el Equipo
de Gobierno de entonces.
Según el empleado
en cuestión otro empleado - también municipal - habría actuado de
intermediario en dicha operación. Y a cambio un familiar habría
obtenido un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Pero lo más
inquietante es que una parte del dinero de la supuesta compra habría
salido de las propias arcas municipales. Suponemos que de tener alguna
verosimilitud esta rocambolesca historia, alguien más que los políticos
tendría que haber prestado su colaboración para una operación de
ingeniería financiera de esta naturaleza.
Sea simple
fabulación del empleado municipal u obedezcan los hechos a la realidad
se impone un esclarecimiento de los mismos. Si el Equipo de Gobierno de
entonces no tiene nada que ocultar urge, no sólo un contundente e
inmediato desmentido, sino que también debe acudir de inmediato al
Juzgado. Pues este asunto está adquiriendo proporciones desmesuradas. Y
más aún después de todo lo que se conoce a través del Informe del
Tribunal de Cuentas.
Efectivamente,
Marbella y Laciana están en las antípodas en casi todo, pero no es menos
cierto que existen similitudes inquietantes. Y lo que es peor, rumores
que en modo alguno contribuyen a que la situación pueda normalizarse a
corto plazo. Máxime, con una campaña electoral a la vuelta de la
esquina y sobre la cual, al menos que se produzca un milagro, planeará
la sombra de la corrupción. Y sobre todo después de que el
subconsciente le hubiera jugado una mala pasada al alcalde, afirmando
imprudentemente que “este ayuntamiento no es la Marbella de la
montaña”
En el hipotético
caso de que a nadie se le hubiera ocurrido semejante comparación,
Guillermo Murias ha abierto las puertas de par en par a todo tipo de
cábalas. Consiguientemente, ahora le corresponde demostrar con
realidades inapelables que su aseveración es también inapelable. Y para
ello lo primero que tiene que hacer es demostrar que jamás existió el
menor atisbo de compra de un concejal para desbaratar esa supuesta
moción de censura de la que en su día tanto se habló.
Lo tiene muy
fácil. La Justicia es la única que puede poner las cosas y a cada uno en
su sitio. Si el empleado municipal propaga un rumor tan grave y es
infundado que pague por ello. Por el contrario, si todo obedece a la
realidad es aún más grave. Pero quienes tienen que pagar son los autores
intelectuales y los colaboradores materiales necesarios para que esta
corrupción pudiera llevarse a cabo. Porque estaríamos
en presencia de un caso igual de grave que los muchos que se han
cometido en Marbella. Y allí no olvidemos que más de uno ha dado con sus
huesos en la cárcel.
Lo dicho, cuanto
antes queden disipadas las dudas mejor para todos. Pues ya va siendo
hora de poner coto a tanta insinuación no demostrada. La higiene
democrática tiene que empezar por los responsables públicos para acabar
impregnado a toda la sociedad lacianiega. Manos a la obra, pues, y sin
demora.
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