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Desde hace un año Los Verdes venimos formulando la misma pregunta.
¿Qué pasa con el agua en Laciana? Pero ni el anterior Equipo de
Gobierno ni el actual parecen tener intención de contestarla. En
realidad, no quieren contestarla por temor al escándalo que se podría
organizar.
Bajo la presidencia de la socialista, Ana Luisa Durán, su
portavoz y concejal de Medio Ambiente, se hartó de repetir que las aguas
del abastecimiento público estaban en perfectas condiciones. Sin
embargo, jamás mostró las pruebas capaces de disipar todas las dudas que
razonablemente tienen los ciudadanos desde hace tiempo.
Bajo
la presidencia del actual alcalde, Guillermo Murias, sí tenemos
constancia de que se han efectuado unos análisis. Ignoramos, sin
embargo, el alcance de los mismos. En cambio sí sabemos que el resultado
de esa analítica no es plenamente satisfactorio. Existen, al parecer,
elementos “sospechosos”.
Lo
cierto es que la población sigue como estaba. O sea, desinformada. Y eso
es un acto de irresponsabilidad temeraria. Porque estamos en presencia
de un asunto que afecta directamente a la salud de los lacianiegos.
De
hecho, no es casual que desde el propio Centro de Salud se esté
recomendando no tomar agua del abastecimiento público. Como tampoco es
casual que se haya disparado el consumo de agua mineral. O que los
ciudadanos recurran cada vez en mayor número a abastecerse de las
fuentes públicas. De las cuales, por cierto, tampoco tenemos mayores
garantías.
La
situación no puede seguir así por más tiempo. O los responsables
municipales informan voluntaria y rápidamente sobre el estado de las
aguas, o tendrán que hacerlo ante la Justicia, porque Los Verdes estamos
decididos a formular otra denuncia – otra más – ante el Juzgado de
Instrucción de Villablino. Puesto que de nada sirve dirigirse a un
ayuntamiento que en modo alguno tiene en consideración las demandas de
los ciudadanos.
Después que no se queje el demagogo del alcalde, alegando que Los Verdes
sólo se dedican a crear alarma social. El derecho a la información tiene
que ser una regla de oro en cualquier democracia. Y quien lo entienda de
otra manera no merece ni estar al frente de un ayuntamiento, ni puede
ser acreedor de la confianza de los ciudadanos.
Ya
está bien de propaganda. Lo que los ciudadanos exigen es información
veraz y un correcto funcionamiento de los servicios municipales. Y de
momento no se les está dando ni lo uno ni lo otro.
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