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Antes de autorizar un proyecto en un espacio incluido en la
Red Natura 2000, las diferentes Administraciones implicadas, deben
demostrar que los impactos ambientales que puedan producirse no son
significativos. Así ha quedado establecido en la sentencia dictada por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 7 de septiembre de 2004.
El Tribunal de Luxemburgo establece que, en las áreas
protegidas por Natura 2000, debe someterse a evaluación de impacto
ambiental todo plan o proyecto que no tenga relación directa con la
gestión del espacio natural, cuando sobre la base de datos objetivos no
pueda decretarse que afecte al lugar de forma apreciable, ya sea por sí
solo o en combinación de otras actuaciones.
Esto viene a significar, que en los espacios naturales ZEPA
y LIC, incluidos en la Red Natura 2000, las posibilidades de actuación
son mínimas por no decir prácticamente nulas. Sin embargo, en Laciana lo
que está sucediendo es todo lo contrario. Tanto en el caso de la
explotación a cielo abierto de “El Feixolín como de Fonfría”
¿Por qué sucede todo esto? En primer término, por la
desidia y dejadez del ayuntamiento. Primera Administración encargada de
velar por la conservación y preservación de esos espacios naturales. Y
en segundo término, por la benevolencia de la Administración Regional.
Más preocupada por la defensa de los intereses empresariales que
medioambientales.
Esta connivencia entre Administraciones y empresa, siempre
se justifica en base al mantenimiento de la actividad económica y a la
creación de riqueza. Es decir, el empleo. Un argumento tan inverosímil
como falaz y que la propia evolución histórica se encarga de desmentir
casi a diario.
En el caso concreto de Laciana, las explotaciones a cielo
abierto, además de causar daños irreversibles, han supuesto el casi
desmantelamiento de la minería de interior, con la consiguiente
destrucción de puestos de trabajo. De manera que esas explotaciones a
cielo abierto no son justificables, ni desde el punto de vista
medioambiental, ni mucho menos como garantía de mantenimiento del
empleo. Por eso, hablar de desarrollo sostenible no deja de ser un
sarcasmo.
Los partidos políticos tradicionales – con escasa
conciencia ecológica todos ellos – tratan de vender a la opinión pública
un producto que no existe. Pretenden hacer creer a la ciudadanía, que
las explotaciones a cielo abierto son necesarias para el mantenimiento
del empleo y compatibles con la preservación de los espacios naturales y
el desarrollo sostenible. Una miopía de esta naturaleza no puede ser
inocente. Y en el caso de Laciana mucho menos.
Sabida es la relación que existe, por ejemplo, entre las
cúpulas regional y provincial del PSOE, con el empresario Victorino
Alonso. De igual modo, que es público y notorio que una parte
importante de los miembros de la Corporación municipal, mantienen o han
mantenido relaciones laborales con el empresario. El propio Tribunal de
Cuentas subraya en su informe el hecho de que determinados convenios
entre ayuntamiento y MSP, hayan sido aprobados por miembros corporativos
que se encontraban en esta situación de manifiesta incompatibilidad.
Toda esta compleja trama político-empresarial explica
claramente que, en Laciana el respecto por la norma jurídica dictada por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenga tan escasa
consideración para la Administración Local.
Sin
embargo, Los Verdes no vamos a cejar en nuestro empeño para que se
cumpla. Y para ello recurriremos cada vez que sea necesario ante los
tribunales de Justicia.
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