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Sabemos desde hace
tiempo que al Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, Fernández Carriedo y al alcalde de Villablino, Murias
Andonegui, las cuestiones legales en materia de medioambiente les
importan un bledo. Por sus obras los conoceréis. Los dos miran para otro
lado cuando se trata de un infractor consumado como Victorino Alonso.
Ambos deberían
tomar buena nota de la actuación de sus homólogos asturianos. Acaban de
pararle los pies y precintarle las máquinas en Cerredo. Allí no vale el
chantaje del cierre y de la pérdida de puestos de trabajo. Allí lo
primero es la aplicación de la Ley y aquí es la ley de la jungla la que
impera.
En Asturias no
necesitan tener encima de la mesa tres sentencias judiciales
condenatorias para saber lo que tienen que hacer. Y aquí ni teniéndolas
se hace nada. Al menos hasta que alguien acabe dando con sus huesos en
la cárcel de Mansilla.
Lo que está
sucediendo en Laciana es vergonzoso. Como vergonzosa es la
condescendencia que las autoridades municipales y de la Junta, están
teniendo con un empresario que tiene la infracción como norma de
conducta. En León, en Palencia, en Extremadura o en Asturias. Por donde
pasa, el rastro del escándalo va con él.
De momento la
temeridad de unos y otros, en Laciana no les está dando malos
resultados. Sin embargo, toda esa montaña de papeles que deambula con
excesiva lentitud de despacho en despacho, algún día acabará mereciendo
la atención de algún funcionario honesto. Esa es por lo menos la
esperanza que muchos tenemos. Y ese día esperemos que toda esta tropa
política y administrativa acabe respondiendo de sus actos. Entonces,
sólo entonces, los más escépticos nos creeremos realmente que vivimos en
un Estado de Derecho.
Información
publicada por La Nueva España
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