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Imagen perteneciente a El Mundo - La Crónica
Lo habíamos advertido. Hace tan sólo unos días y en este mismo espacio.
El singular empresario minero, Victorino Alonso, haría caso omiso al
decreto del alcalde, Guillermo Murias, sobre la paralización de “El
Feixolín”.
¿Y ahora qué? El alcalde ya ha dicho
que a esperar. A ver si con un poco de suerte la Junta de Castilla y
León lo saca de apuros. ¡Arreglado va el regidor!
La Junta, en estricta sintonía con lo
que han sido sus actuaciones en este y otros conflictos de similar
naturaleza, dirá que las competencias son del ayuntamiento. Y en
realidad así es. Consiguientemente, nada se puede esperar de esta
Administración.
Lo más indignante, es que el alcalde,
después de ocho años al frente del ayuntamiento éste extremo no lo
ignora. Por eso su actitud es doblemente criticable.
De haber tenido voluntad de hacer
cumplir su propio decreto, hubiera dispuesto los medios necesarios que
tiene a su alcance. Por ejemplo, la Policía Municipal. Que en este caso
tiene exactamente las mismas competencias que la Guardia Civil.
Y en el supuesto de que los
trabajadores hicieran también caso omiso, pues con cursar las
correspondientes denuncias y darles traslado al Juzgado de guardia,
asunto resuelto.
Pero nada de todo esto se ha hecho.
¿Qué poderosas razones existen para que no se haya hecho lo que se
debía? Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos sobre el insólito
comportamiento del alcalde. En éste caso y en muchos otros con los
mismos protagonistas.
De la misma manera que nos resulta
incomprensible esa obstinación del alcalde por recurrir las sentencias
judiciales, que en último extremo, lo único que hacen es poner orden
donde sólo había desorden.
Mejor dicho si entendemos esa
obstinación. Pues en la denuncia formulada por NARSIL, no olvidemos que
el alcalde es también uno de los imputados. Es decir, que estamos en
presencia del “sálvese quien pueda”.
Ese es el verdadero meollo de la
cuestión. El recurso es una especie de salvavidas al que el alcalde se
agarra porque de otro modo intuye que puede acabar teniendo serios
problemas.
Pero de su situación personal sólo él
es responsable. Si en su día no hubiera declarado ante el juez que la
explotación de “El Feixolín” contaba con todas las bendiciones legales,
hoy no estaría en esta maltrecha situación. Él sabía mejor que nadie que
no era así y si se metió en el berenjenal, ahora tiene que salir solo.
El erario público no tiene que destinarse a resolver meteduras de pata
personales.
Así de contundentes somos Los Verdes.
Guste o no guste. Entre otras razones, porque lo único que venimos
exigiendo es que se cumpla la Ley.
Reiteramos de nuevo lo que siempre
hemos manifestado, quienes tienen que resolver el problema, son los
mismos que lo han creado.
El chantaje odioso de los puestos de
trabajo es inadmisible. A ningún parado se le ocurre asaltar un banco
para resolver su problema.
Victorino Alonso ha realizado
beneficios colosales en ésta y otras explotaciones ilegales. Él sabía
perfectamente lo que estaba haciendo, pues ahora que pague. Como han
pagado los Mario Conde, los Javier de la Rosa, los Roldán, Vera y toda
la tropa.
Al fin y al cabo, no nos repiten
todos los días hasta la saciedad que estamos en un Estado de Derecho. ¿O
acaso la Constitución no es la misma para todos?
En un momento en el que la Carta
Magna despierta tantos amores, algunos políticos deberían mirarse hacia
dentro. Ya está bien de tanta hipocresía y de tanto cinismo.
Después se extrañan del descrédito
que tienen entre la ciudadanía. ¿Qué puede pensar el ciudadano cuando
observa arbitrariedades de esta naturaleza?
En el caso que nos ocupa todo está
más claro que el agua, sin embargo, nadie tiene la menor voluntad de
pararle los pies en seco a éste singular empresario.
La Justicia ya lo ha intentado, pero
el alcalde de Villablino lo entiende de diferente manera. Allá él, por
las buenas o por las malas tendrá que acabar entrando en razón. Y sino
al tiempo.
Desde luego, en lo que a Los Verdes
se refiere, sabe que no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que no se
restablezca plenamente la legalidad.
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